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El fiscal y una acusación “a su altura”

Confirmado: Jalil Rachid no tiene pruebas contra los detenidos por la Masacre

Jalil Rachid y acusación "a su altura".

Aunque se pasó seis meses descalificando cualquier investigación que no coincidiera con su versión de los hechos (Versión instalada antes de que él se hiciera cargo del caso) terminó reconociendo que el Ministerio Público no puede determinar el grado de participación de cada uno de los acusados por los trágicos sucesos del 15J. Por ese motivo, la fiscalía acusará a los detenidos por Asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso.

"El Ministerio Público está en condiciones de demostrar que estas personas iniciaron el fuego", dijo el fiscal, apoyándose, según manifestó, en el testimonio de una persona que estuvo en el inmueble el día de la masacre (Hay 50 testimonios que dicen lo contrario pero no importa).

En otra afirmación que confirma su alto grado de ineptitud, reiteró que los policías fallecidos en el enfrentamiento en Curuguaty "estaban en desventaja" frente a los campesinos porque se encontraban desarmados.

Una película de Jalil Rachid

A ver fiscal; según datos oficiales que figuran en el Informe realizado por la CODEHUPY, del procedimiento participaron: 160 agentes de Orden y Seguridad, 29 agentes de la Montada, 58 efectivos GEO, de los cuáles diez eran tácticos y estaban armados con fusiles de asalto Galil (de guerra) y cuidaban los flancos del grupo negociador que encabezaba el Subcomisario Erven Lovera, 13 agentes de Investigación de Delitos y 57 de la FOPE y la Agrupación Especializada que también portaban fusiles Galil. Es decir 324 efectivos en total.

Esta fuerza, que contaba con el entrenamiento y el armamento necesario para tomar por asalto todo un cuartel, se encontraba, según el fiscal “en desventaja” frente a 56 campesinos armados con escopetas prácticamente inutilizables de uno o dos tiros, foixas, palos y cuchillos. Esto sin tener en cuenta que la supuesta emboscada de la que habla el fiscal, fue planeada a campo abierto, con la presencia de mujeres y niños dentro el grupo campesino y con los líderes de la ocupación ofreciéndose como carnada.

Utilizando las palabras del propio fiscal: una historia “de película”.

Pero lo peor, es que el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el juez de Garantías José Dolores Benítez, han avalado este mamarracho de investigación llevada adelante por un fiscal condicionado por los vínculos que su familia tiene con una de las partes involucradas y las presiones políticas que a diario le exigían cerrar el caso sin abrir otras líneas que no condujeran a la condena del grupo campesino. Dentro de sus evidentes limitaciones, el pobre fiscal, hizo lo que pudo.

Las acusaciones

Rachid acusó por Asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso a Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Paredes, y Dolores López Peralta.

Por Asociación criminal, invasión de inmueble y tentativa de homicidio doloso a R.V.O. (“Raquel”) (17 años)

Por Asociación criminal a R.A.B.C. (“Richard”) (17 años)

Por Frustración de la persecución y ejecución penal a Felipe Nery Urbina.

Por Invasión de inmueble y asociación criminal a Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.

Rachid sobreseyó definitivamente a Marcelo Trinidad Paredes, Miguel Ángel Correa Franco y Juan Alfredo Caballero.

El caso Trinidad

En el caso de Marcelo Trinidad, el imputado manifestó a esta agencia que el fiscal lo amenazó con llevarlo a juicio oral si acusaba a los policías que lo detuvieron de manera arbitraria ante la justicia y relataba lo que les había visto hacer en la puerta del hospital de Curuguaty.

En la conferencia, el Fiscal, se vanaglorió de qué, Trinidad, negara el hecho que relató a un periodista de nuestra agencia, miembros y abogados de la PEICC y que es conocido por medio Curuguaty.

Desafío NOVA

Desde NOVA invitamos al fiscal Rachid a que convoque a los cinco mejores francotiradores del regimiento Escolta, que les de las escopetas incautadas, los lleve a Marina Cué, los ubique en los lugares que según él se apostaron los campesinos que dieron muerte a los efectivos y qué, en nueve segundos (qué es el tiempo que dura el tiroteo) efectúen la cantidad de disparos necesarios para impactar de forma certera sin ser alcanzados por las balas de la policía, diez veces al subcomisario Erven Lovera; cinco veces al suboficial inspector Wilson David Cantero González; diez veces (más dos roces) al suboficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz; más 2 roces, una vez al suboficial Jorge Alfirio Rojas; dos veces al suboficial 2º Juan Gabriel Godoy; y catorce veces al suboficial 2º Derlis Ramón Benítez Sosa, además de herir a un buen número de uniformados. (Estos datos fueron hechos públicos por el fiscal Jalil Rachid y el fiscal general Javier Díaz Verón el día 2 de octubre de 2012 en Conferencia de Prensa)

¿Qué pasó en Curuguaty?

Está claro que la fatídica mañana del 15J pudo haber pasado cualquier cosa menos lo que el fiscal dice que pasó. Testimonios de prófugos y detenidos que NOVA entrevistó coinciden en señalar que el primer abatido fue Avelino “Pindú” Espindola luego de forcejear con uno de los efectivos. Que el segundo en caer también fue un campesino: Fermín Paredes; que inmediatamente se desató la ráfaga de automáticas que alcanzaron al subcomisario Lovera y al detenido Rubén Villalba, y que una vez que cesaron los disparos de las armas de guerra la policía actuó de forma indiscriminada contra los campesinos que no ofrecieron resistencia alguna.

Por supuesto, Jalil Rachid no aportó un solo dato que sirva para esclarecer la muerte de los 11 campesinos. Es Lo que el fiscal no sabe (o si, pero no le importa) es que los delitos de lesa humanidad se investigan quiera o no quiera la justicia paraguaya. Por eso, Amnistía Internacional, ya hizo público un comunicado en el que expresa que considera llamativo que "ninguna investigación se ha llevado a cabo en relación a la posible responsabilidad policial en esas muertes".

La organización insta además a las autoridades a "tomar medidas para garantizar que la investigación, incluyendo la responsabilidad policial, sea efectiva, imparcial y transparente, y que todos los implicados sean llevados ante la Justicia".

Aunque el fiscal Rachid, el fiscal general Díaz Verón, Federico Franco, el juez Benítez y los verdaderos autores morales y materiales de la Masacre crean que final de esta película pensada y guionada para ponerle fin a un proceso político está cerca, las historia recién comienza.

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