El perito agrimensor propuesto por el Instituto y designado por el juzgado que interviene en el procedimiento, Carlos Vera, informó que los trabajos técnicos arrancaron oficialmente a las 10 de la mañana. La mensura judicial comprende la superficie total de 17.343 hectáreas, en las tierras donadas por el gobierno italiano al Estado paraguayo. Se prevé que los trabajos técnicos culminen en un mes, ya que se realizan con tecnología de punta, que comprende la utilización de GPS geodésico, precisó Vera.

Vera explicó también que hubo presentación de oposición de unos cinco títulos de propiedad de colonos que dicen poseer documentos originales que los acreditan como propietarios de tierras colindantes y dentro de la colonia Barbero. “Estos fueron agregados al expediente judicial”, apuntó.

Por la inclemencia del tiempo los trabajos continuarían el próximo miércoles, según se definió en la fecha, al suspenderse la continuidad de las labores técnicas, luego de un arranque en absoluta normalidad, y con la cooperación de todas las partes.

La celeridad con que se desarrolle el proceso de mensura dependerá de las condiciones climáticas, además de las incidencias jurídicas que se presenten, porque habría fincas en las tierras de la colonia, que están siendo cuestionadas por estar en manos de colonos, que no serían sujetos de la reforma agraria, los cuales tendrían explotación privada.

Las oposiciones que surgieron hoy, con títulos que presentan los colonos, serán sometidas a estudio y verificación por parte de escribanos del INDERT y la justicia. A partir de la mensura judicial todo quedráa en manos de la justicia.

Antecedentes

El 5 de febrero pasado, el IDERT obtuvo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del segundo turno de la capital, a cargo Silvino Delvalle Ramírez, la providencia que dispuso el arranque de la mensura judicial del inmueble conocido como Barbero Cué, el 25 de febrero.

A finales de noviembre de 2012, el Instituto recurrió a la justicia para dar inicio a la mensura, “ya que eso significaba una cuestión previa inevitable para que el inmueble donado pueda incorporarse al patrimonio del Instituto”, a través de su empadronamiento en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), dependientes del ministerio de Hacienda y el Poder Judicial, respectivamente.

La realización de la mensura judicial fue un trámite acordado con las partes interesadas. Eso permitirá determinar a quién corresponde mejor derecho sobre determinadas fracciones en el lugar, ésa será una cuestión que quedará a cargo de la instancia judicial. “Es el juez quién determinará esa situación, basándose en la presentación de las documentaciones de los interesados”, explicó Ortigoza.