Con los precarios argumentos de siempre, Jalil Rachid se opondrá a pedido de prisión domiciliaria
El fiscal adelantó al diario ABC Color su postura ante la pretensión de la defensa de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro en huelga de hambre desde el 14 de febrero pasado, de otorgarles prisión domiciliaria.
La audiencia de revisión de medidas está prevista para este miércoles 9 de abril en el Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá, presidido por Benito Ramón González.
La defensa adelantó que solicitará arresto domiciliario, tras hacer hincapié en el avanzado deterioro de su salud, a raíz de la medida de fuerza. Ofrece a más de veinte personas en carácter de fiadores, entre ellas la senadora Esperanza Martínez y la diputada Karina Rodríguez.
Rachid recordó que estas personas han sido acusadas por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble. En consecuencia, la elevada expectativa de pena prevista hace que el caso sea calificado como crimen y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que los procesados sean favorecidos con medidas sustitutivas de prisión, porque la ley no lo permite.
Dos de los tres delitos en los que se apoya Rachid se basan en la creencia de que la tierra ocupada por el grupo campesino es propiedad de la empresa Campos Morombí, algo que la justicia aún no determinó.
Asimismo, recordó que falta poco para el juicio oral y público, por lo que es preferible estar a las resultas de la audiencia oral. La fiscalía ofreció 120 testigos, informes periciales y documentales que avalan su acusación penal.
El lunes, la CIDH admitió a trámite el pedido de suspensión de juicio presentado por la defensa y que fue inmediatamente secundado por decenas de organizaciones internacionales que hicieron llegar a la comisión contundentes argumentos contra el fiscal y todo el proceso.
Los 120 testigos que menciona Rachid son todos efectivos policiales que participaron de la Masacre, muchos de los cuáles han sido sindicados como presuntos autores de ejecuciones extrajudiciales.
Las pericias carecen de validez ya que la defensa no tuvo oportunidad de presentar un perito de parte, además de haber sido efectuadas cuatro meses después de los trágicos sucesos.
Además de los huelguistas, también están acusados por la masacre de junio del 2012, Luis Olmedo, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López; por invasión de inmueble, Alcides Ramírez y Juan Tillería; por invasión de inmueble (por lo que si la justicia dictamina que la tierra es del Estado quedarían libres) y por frustración a la persecución y ejecución penal, Felipe Neri Urbina (auxilió a un herido de bala).
