En una decisión que indignó a los activistas y personalidades que se trasladaron hasta la ciudad de Salto de Guairá para respaldar el pedido de la defensa atendiendo el delicado estado de salud de los huelguistas de hambre, el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, y completado por Benito González y Víctor Godoy, determinó que los detenidos deberán permanecer en prisión.
Ante la pasividad de la defensa, el fiscal Jaill Rachid utilizó argumentos falsos para sostener su postura.
Dijo por ejemplo, que no le podían otorgar medidas sustitutivas a Rubén Villalba debido a sus frondosos antecedentes penales cuando en la misma Carpeta Fiscal obra un oficio solicitado por Ninfa Aguilar el 16 de junio de 2012 (Aguilar era fiscala de la causa) donde la Policía Nacional señala que Villalba “No registra antecedentes penales”.
El activista por los DDHH, Martin Almada, dijo al conocer el fallo que "ésta decisión confirma que vivimos en un Estado terrorista" y responsabilizó directamente a Horacio Cartes por lo que les pueda pasar a los huelguistas.
Descorazonado, el Pai Oliva manifestó: "En Paraguay no hay justicia, están perdidos".
Por su parte, el parlasuriano Ricardo Canese, señaló: "El latifundio maneja como quiere el poder judicial".
La senadora Esperanza Martínez, afirmó: "Este país a perdido el rumbo, estamos en manos de gente a la que no le interesa la vida".
