Respecto al reclamo de los familiares de las víctimas sobre la parcialidad de la investigación y la permanente negativa del fiscal Rachid a indagar sobre la actuación policial, señaló que en la Unidad de Derechos Humanos hay una causa abierta por las denuncias formuladas por organizaciones sociales en su debido momento.

Que se tengan en cuenta solo las denuncias presentadas ante esta Unidad y no se toque la Carpeta Fiscal quiere decir que las posibles ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no serán objeto de investigación ya que no fueron hechas ante la Unidad de Derechos Humanos sino ante la Fiscalía de Curuguaty, donde terminaron siendo “descartadas” por el fiscal de la causa.

“El Ministerio Público ya presentó acusación, la Audiencia Preliminar ya se realizo, donde debían haberse disipado las dudas y denunciado los vicios que tendría toda esta investigación y bueno, tanto el Ministerio Público, que tiene una hipótesis del caso formulada por los agentes a cargo de la investigación, y la defensa, que tiene su hipótesis van a poder confrontar en juicio oral y público… van a ser los miembros del Tribunal de Sentencia los que decidan si lo manifestado por el Ministerio Público tiene consistencia de realidad o no” afirmó Díaz Verón.

El fiscal general respaldó el trabajo de Jalil Rachid, aclarando que no fue solo él quien investigó los trágicos sucesos sino “un equipo” coordinado por Alejo Vera, que incluye a los agentes Juliana Giménez y Francisco Ayala.