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A los españoles indemnizó con 5 mil millones

Argentina pretende cobrarle a Paraguay por Yacyretá más del triple de lo que pagó a Repsol por YPF

Paraguay rechazaría proyectos de Corpus y Aña Cua si Argentina insiste en monto de deuda. /ABC

La República Argentina acordó pagarle a Repsol como indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, 5.000 millones de dólares. Ahora, en concepto de aporte realizado para la construcción de la hidroeléctrica, reclama al Paraguay una deuda de 6.300 millones de la misma moneda que, con los intereses correspondientes, haría un total de 18.000 millones de dólares, es decir, tres veces más de lo que pagó a la empresa española.

Por otro lado, exige la continuidad de Nota Reversal del 92, donde se fija un precio político para la tarifa.

Según el diario Ultima Hora, fuentes del Ejecutivo paraguayo aseguran que con lo que Argentina reclama en concepto de intereses (12 mil millones de dólares) se podrían construir dos Yacyretá.

Ambos países comenzaron en junio a negociar el Anexo C del Tratado que el pasado 27 de marzo cumplió 40 años.

Auditoria

Uno de los objetivos del Paraguay consiste en transparentar las cuentas de la Binacional para saber a cuanto asciende realmente al deuda que la Argentina reclama, para esto propuso una auditoria internacional a la entidad. La Argentina habría rechazo la propuesta argumentando que la deuda es una acreencia que figura en los libros contables del Ministerio de Economía de su país, no en los de la EBY.

En 2006 los por entonces presidentes Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner firmaron un preacuerdo en el que se aceptaba eliminar los intereses, dejando el pasivo en torno a USD 6.000 millones.

Sin embargo, el documento fue retirado del Congreso paraguayo antes de su tratamiento, ante un inminente rechazo, porque planteaba el pago de la deuda con energía por 42 años.

En cambio, la Nota Reversal del 92 plantea un problema jurídico, porque luego de tres años de su aplicación, el Congreso Nacional votó por su rechazo, al considerarla perjudicial.

Dicho documento, que para los argentinos tiene vigencia, básicamente sustituyó los términos del Anexo C del Tratado por una nueva regla financiera. fijando una tarifa política de la electricidad en 30 USD/MWh por un periodo de 54 años. Además, difirió el pago de las utilidades generadas por la central. "Este instrumento generó todo el problema" dijo al diario una alta fuente de gobierno.

Ante la postura del gobierno de Cristina Fernández, los negociadores paraguayos optarían por presionar negándose a emprender nuevos proyectos en conjunto con Argentina, concretamente las represas de Corpus y Aña Cua.

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