¿Avala Cartes maniobra para evitar que se conozcan sueldos de Binacionales?
No sería la primera vez que Cartes cae en una contradicción. Es que al presidente le encanta llenarse la boca hablando de transparencia pero le cuesta aplicarla cuando se trata de él o su entorno. Por ejemplo, jamás explicó la relación entre sus asesores privados y el Estado paraguayo. Tampoco porqué el presidente de su banco (Amambay) participaba de procedimientos contra el EPP. Nunca dijo a cuanto asciende su fortuna y ahora parece que avalará la maniobra judicial que los directores de Itaipu y Yacyreta promueven para evitar que se conozcan tanto los salarios de las personas que allí se desempeñan como las que “figuran” en la entidad pero prestan servicios en otras áreas (si es que los prestan).
La revelación de estos ingresos puede resultar escandalosa y el riesgo a que desate una ola de manifestaciones ciudadanas de consecuencias inesperadas seguramente preocupa y mucho al presidente y su gabinete.
La jugada
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presentó este viernes una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5189, que obliga a publicar la nómina, sueldos, viáticos y otras remuneraciones que recibe el funcionariado público.
Argumentan que la binacional no es una institución pública y no utilizan recursos del Estado.
La acción fue presentada en la Corte Suprema de Justicia por los asesores externos Fernando Marecos y Gabriela Lezcano, quienes fueron contratados por la EBY.
La abogada Lezcano explicó al diario UH que Yacyretá no hace uso de recursos públicos y sus funcionarios tampoco son funcionarios públicos. Es una entidad internacional y tiene patrimonio propio de donde salen las remuneraciones.
El director de la entidad, Juan Alberto Schmalko, fue uno de los que más se opuso a divulgar toda la información referente a la institución.
Según la Secretaría de la Función Pública, los ministros, directores, gobernadores e intendentes de las instituciones públicas que no cumplan con la Ley 5189, que obliga a publicar la nómina y sueldos, viáticos y otras remuneraciones que recibe el funcionario, se exponen a una multa de 12.628.073 guaraníes.
