Siete meses después, el general (R), Herminio Piñanez (padre del explosivista) acusó a los altos mandos militares de haber asesinado a su hijo.

Según su relato, el capitán fue designado para investigar el asesinato del Comisario Manuel Escurra, muerto en un supuesto enfrentamiento con el EPP en octubre del 2013. Piñanez descubrió que en realidad el efectivo habría sido asesinado por sus propios hombres.

Su investigación lo llevó a descubrir una trama de extorsión y protección que tenía a los altos mandos como responsables.

“Es impresionante la cantidad de plata que recaudan en concepto de extorsión, protección y patrullaje” le habría revelado a su padre.

Siempre según el relato de Herminio Piñanez, el capitán le comentó todo esto al fiscal Joel Cazal, quién aviso al entonces Comandante de la FTC, Restituto González, en lo que se entiende fue “una entrega”.

Con la complicidad del agente fiscal, los militares afectados por la denuncia de Piñanez decidieron su muerte.

En vez de investigar la denuncia que involucraba al fiscal Joel Cazal y a los altos mandos, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior pusieron todo su empeño en desacreditar el testimonio del general (R) Piñanez. “Habla desde el dolor” reiteró una y otra vez Francisco de Vargas.

El caso terminó en el “oparei”

Un fiscal cuestionado

Joel Cazal es el mejor aliado que tienen las Fuerzas de Tarea Conjunta en el norte. Hijo de un seccionalero stronista, está siempre listo para lavar los trapos sucios de los militares, tal como las hizo cuando “por error” asesinaron a dos civiles en Kurusú de Hierro.

El agente no dudó en corroborar la versión de los militares quienes dijeron que se trataba de dos “logísticos” del EPP.

Cazal, es recordado también por haber estado a punto de imputar al sacerdote Pablo Cáceres debido a que encontraron un libro suyo en la mochila de un miembro del ACA.

Protección, extorsión y vínculos con el naco, acusaciones que ponen a las FTC en un lugar muy incómodo.