"Es una cuestión de cumplimiento de leyes. En nuestro país existen libertades, libertad de reunión, de asociación, constitución de sindicatos, derecho a huelgas, protestas y manifestaciones, pero no hay legislación que ampare el querer imponer criterios en base a crucifixiones" manifestó Sosa, olvidando el hecho de que los trabajadores fueron despedidos precisamente por querer formar un sindicato que los defendiera de los atropellos de las propietarios de la línea.

La empresa de transporte es propiedad del diputado colorado Celso Maldonado.

Los choferes exigen el reconocimiento de un sindicato que se encuentra en proceso de constitución a pesar de pertenecer a la central Unitaria de Trabajadores.

Sosa indicó que no están en contra de la creación de otro sindicato sino que buscan la seriedad necesaria a la hora de realizar los trámites y presentar la documentación.

Hace una semana, este ministro justificó la salvaje represión contra trabajadores de varios sindicatos.