Opinión
Estado de derecho pisoteado, premonición de golpe

La "certeza" judicial le sirve a Horacio Cartes para blindar sus oscuros negocios

Horacio Cartes, presidente de la República del Paraguay.

Por Luis Alen (*)

El “unicato” cartista se viene con todo, arrasando conciencias y voluntades, sin importarle para nada la posición mayoritaria de la población en contra de la violación constitucional. Las ansias de poder total de Horacio Cartes no tienen otra motivación que la obtención de un fuero especial que le permita mantenerse blindado contra las investigaciones acerca de los oscuros orígenes de su incalculable fortuna.

A medida que se conocen las posturas contrarias a la reelección vía enmienda de la ciudadanía en general, o el caso de la pasada convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), más insiste el cartismo en el aberrante cometido de la intentona de pasar por encima de la Constitución, con el acompañamiento de un sector de la izquierda liderado por el exobispo, Fernando Lugo.

A Cartes y a Lugo los une la intención de seguir en la cresta de la ola, pero éste último sabe muy bien que no podrá enfrentar, llegado el momento crucial de las urnas, a todo el “combo” cartista: mezcla de dinero, aparato estatal y partidario, además de la extorsión típica de los regímenes totalitarios, donde se mezclan el miedo y el temor de perder capacidad de hacer negocios especialmente con el Estado, como es el caso de los empresarios.

¿La “renuncia” como prenda?

El contubernio HC-Lugo data de hace mucho tiempo, con lo cual el supuesto desacuerdo por el texto del proyecto de enmienda no es tal, porque lo único que desea el expresidente, defenestrado en junio de 2012, es lo que también ansía Cartes, es decir la posibilidad de pelear por el rekutu en una elección, con la seguridad de que Horacio se mantendrá en el poder, mientras que el exprelado encabezará su propia lista al Senado.

En realidad, el encontronazo sobre el tema de la “renuncia” del presidente seis meses antes de las elecciones, o sea el próximo 22 de octubre, no pasa de ser un hecho anecdótico para distraer la atención. La renuncia es ineludible, por cuanto la misma Constitución estipula, por ejemplo, que un funcionario público que se postula a un cargo electivo deberá renunciar meses antes para competir en la junta electoral.

Si no corre la enmienda, Cartes y Lugo tienen a mano la famosa “certeza” constitucional de la Corte Suprema, que les habilitaría para competir con el simple expediente de una decisión del máximo tribunal. Pero, claro está, con la obligación de renunciar de HC, ya que se convertiría así en un expresidente, tal como lo son Lugo y Nicanor Duarte Frutos.

Un ensayo de lo que se viene ya se tuvo con la “certeza” inconstitucional de la Corte para autorizar, con una simple medida cautelar, la emisión de los bonos soberanos, que solamente pueden ser avalados por el Congreso de la Nación. Se está así a las puertas de un nuevo caso Gramont, con impredecibles consecuencias para el futuro económico nacional, ya que se estará supeditado a tribunales internacionales, lo que de por sí haría que caiga la calificación de riesgo-país y se disparen los intereses a pagar por la deuda.

La razón de la renuncia de Cartes deviene ahora como un mero trámite, con enmienda o sin enmienda. En forma aviesa y astuta, para congraciarse con el poder, la Corte interpretará que la prohibición de reelegirse sólo afecta al presidente de la República en ejercicio del cargo, y no a los expresidentes, sin distinción de si cumplieron todo su período, fueron destituidos o hayan renunciado.

No se presentó la enmienda en las pasadas semanas sencillamente porque tanto la Comisión Permanente del Congreso como el titular del Senado no tenían la más mínima intención de llamar a sesión extra para tratar el proyecto en cuestión.

Pero ahora que se reinician las sesiones ordinarias de las cámaras, el cartismo no perderá más el tiempo y presentará la moción de tratamiento, pensando que contará con los votos de los oficialistas y los opositores participantes del festín cartista, entre los que se cuentan los leales a Lugo y a Blas Llano, quien pese a haber perdido en la convención liberal, no se apea de su posición abyecta a los devaneos dictatoriales de su amigo Horacio.

Un maridaje de larga data

¿Por qué Fernando Lugo es funcional al plan del “unicato” cartista? Descartada la posibilidad de ganarle a Cartes en las próximas elecciones, queda el premio consuelo de encabezar la lista del Frente Guasu al Senado, pese a ser candidato presidencial, y gracias a la enmienda que se quiere introducir por la ventana con el posible apoyo adicional de la Corte Suprema.

Amor con amor se paga, lo que le llevará a Lugo a continuar como “opositor” al cartismo en la próxima legislatura, llevando la voz de los desposeídos, campesinos y sin techos de las ciudades. Mientras tanto, con la invaluable ayuda del exobispo, Cartes se blindará contra las amenazas de ser investigado por los negociados de su actual gestión con el tema de los bonos soberanos, las licitaciones de APP amañadas, el monopolio de Petropar con los combustibles y la inacción para defender la soberanía nacional en las hidroeléctricas binacionales, sin contar los problemones del narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos.

El tema del tabaco merece un tratamiento especial, porque desde la misma época de la presidencia de Lugo, tanto la Procuraduría General de la República (en aquel momento a cargo casualmente del actual contralor, José Enrique García) como el Poder Judicial, prácticamente escondieron un expediente destinado a investigar los negocios turbios del cigarrillo destinado a ingresar de contrabando en los países vecinos, que envolvía especialmente referencias de evasión impositiva de la empresa tabacalera de Horacio Cartes, así como de otras firmas de “empresarios de frontera”.

Finalmente, en 2013, la Corte Suprema, gracias al parecer del ministro Sindulfo Blanco, entendió que debe ser calificado como contrabando la salida del país de miles de toneladas de cajas de cigarrillos sin cumplir los necesarios trámites de cualquier producto de exportación, pese a que la firma de Cartes no se cansa de señalar que sólo “vende” en territorio nacional, con factura incluida, y que no se responsabiliza de lo que hacen sus clientes cuando hacen pasar el producto “en frío” por la frontera.

Pero ya fue tarde porque Cartes estaba en el poder, gracias al voto mayoritario del pueblo paraguayo, pensando que entregaba su futuro a un empresario “exitoso” predestinado a servir a su nación trayendo seguridad y trabajo. Como era obvio suponer, no se le podía ya investigar a la tabacalera “oficial”, como dicen los brasileños, perteneciente al “patrón del tabaco”.

Por su parte, el ministro Blanco recibió como toda respuesta el comienzo del juicio político para su destitución, juntamente con su correligionario liberal el ministro, Miguel Bajac y el ministro colorado, César Garay Zuccolillo.

Durante la presidencia de Horacio Cartes arreciaron las informaciones sobre implicaciones de los cigarrillos del presidente en el contrabando a nivel continental, favoreciendo el lavado de dinero de las bandas de narcotráfico y promoviendo las posibles conexiones financieras con grupos terroristas, lo que podría, llegado el caso, reiniciar las investigaciones de los organismos antidrogas y antilavado de los Estados Unidos, que ya habían comenzado en 2009 y fueron suspendidas en 2011, cuando se anunció la candidatura presidencial de Cartes.

Pero con él como presidente, y a pesar de los nexos de sus empresas con negocios turbios a nivel continental, operará el blindaje judicial interno y el hecho de que los organismos judiciales del exterior deberán tratar no solo con un empresario sospechado más, sino nada menos que con el jefe de Estado de un país soberano.

(*)Semanario Primera Plana, Ciudad del Este.

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