Tanto el ministro del interior como el comandante de la policía defendieron el brutal procedimiento que dejó sin hogar a más de 200 familias y sin escuela a más de 200 niños.

En marzo de 2017, la Cámara de Diputados aprobó la expropiación de los lotes pero una vez más el presidente Cartes ignoró al decisión del organismo más democrático del país y vetó el proyecto.

El Ejecutivo argumenta que los títulos obtenidos de manera totalmente irregular por los colonos brasileros son legítimos y que todo puede arreglarse con la reubicación de las familias.

Esta política de traslado a sido una constante durante el gobierno de Horacio Cartes que ha encontrado en esta alternativa una manera de proteger los intereses de brasiguayos y grandes terratenientes que se han apropiado de tierras en las zonas mas ricas del país con la complicidad de las autoridades.

Según información a la que pudo acceder NOVA este caso interesa y mucho a los altos comisionados de la CIDH que admitió en octubre una medida para precautelar los derechos de las familias expulsadas.