De acuerdo al considerando del veto del Poder Ejecutivo, existen fundamentos suficientes para la objeción total del proyecto de ley que regula la realización y divulgación de encuestas electorales, teniendo en cuenta que vulnera derechos y principios constitucionales, como ya evidenció el análisis que del citado proyecto hizo el TSJE, institución que además destaca que su aplicación sería improcedente e inviable.

Uno de ellos hace mención a que las encuestas y sondeos electorales son parte fundamental de la actividad de los medios de comunicación en una sociedad contemporánea, y, por tanto, su realización y publicación están amparadas por la libertad de prensa.

Por esa razón, el Proyecto de Ley en su espíritu, y los artículos 8°, 14° y 16° en particular, violan las libertades de expresión y de prensa consagradas en el Artículo 26 de la Constitución Nacional, que expresamente establece que «no dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja», señala el ejecutivo.

Además menciona que la prohibición de realizar encuestas por cualquier medio que no sea presencial (artículo 14) es arbitraria, injustificada y exagerada. Teniendo en cuenta que en la actualidad los sondeos se realizan básicamente por medios no presenciales, el referido artículo tiene realmente una prohibición encubierta de toda actividad encuestadora. Si las encuestas solo pudieran hacerse presencialmente, su coste se dispararía, y muy pocos medios podrían permitirse realizarlas.

De esta forma, en uso de sus atribuciones, el Poder Ejecutivo ha objetado totalmente el mencionado proyecto de ley y dispone su devolución al Congreso Nacional de conformidad al Art. 209 de la Constitución Nacional.

La información fue publicada por el portal oficial de la presidencia.