El trato tributario diferenciado a las exportaciones a partir de ahora lo que hará es alentar la industrialización, con el aumento de la rentabilidad de las industrias, una actividad a la que los empresarios de la soja se negaban rotundamente a entrar a pesar de contar con recursos suficientes para hacerlo ya que en los últimos 10 años ganaron más de 10.000 millones de dólares anuales, una cifra superior a toda la deuda pública.

Si ahora con el fallo la actividad industrial pasa a ser más rentable en comparación con la exportación de soja en bruto y los envíos de granos dejan menos ganancias, pues que los sojeros instalen industrias si quieren mayores márgenes, ese es uno de los objetivos que siempre se ha buscado con el tratamiento tributario diferenciado a las exportaciones, poner en marcha un mecanismo que ayude al salto de una economía pastoril a una economía industrial.

El discurso de la Capeco y su corista la ministra de hacienda, Lea Giménez, pretende que los productores subsidiarán a las industrias, algo absolutamente falso, aquí no se pretende transferir recursos de los productores de soja a los industriales. Para nada, de lo que se trata es de dar un trato tributario diferenciado a las exportaciones. Este consistirá en la devolución del 100% del IVA compra en el caso de las exportaciones de harina y aceite, y la devolución de solamente el 50% del IVA compra en el caso de los envíos de soja en bruto. Por lo que en este último caso Hacienda se quedará con el otro 50%, lo que deja claro que no existirá ningún subsidio. El dinero del impuesto irá a Hacienda y no a las industrias.

En la práctica, haciendo una síntesis, la medida de la Corte significará que las exportaciones de harina y aceite no pagarán el IVA y las exportaciones de soja pagarán alrededor del 2% del precio de venta al mercado externo. Este trato diferenciado compensará en alguna medida las discriminaciones que sufren las exportaciones nacionales en los mercados de destinos en donde imponen aranceles más altos a nuestros envíos de harina y aceite; y aranceles menores a nuestras exportaciones de porotos de soja, con la abierta pretensión de defender sus industrias, y por otro lado, alterar las rentabilidades de estas actividades disminuyendo la rentabilidad industrial en Paraguay haciendo más atractiva la exportación de granos, lo que apunta a convertirnos en eternos proveedores de materias primas.

El fallo si bien hoy favorece a unas pocas transnacionales, sin embargo, no se debe perder de vista que la misma es a favor de la industrialización. El fallo de la Corte crea las condiciones para que el capital nacional invierta en industrias procesadoras de soja, lo que hasta ahora no ocurría, porque los márgenes industriales eran mínimos y solamente grandes empresas eficientes, con flota de barcazas propias, acceso a créditos baratos y otras ventajas, tenían la posibilidad de industrializar la soja con tan bajos márgenes. Y últimamente hasta las transnacionales disminuyeron la molienda y aumentaron sus exportaciones de soja sin procesar desde la puesta en marcha del régimen de admisión temporaria por parte de la Argentina. Esto permitió a las industrias argentinas que empiecen a comprar soja sin pagar impuestos y reexportarla como harinas y aceites sin pagar impuestos, aumentando así la molienda de las industrias argentinas mientras disminuía la molienda de las paraguayas.

El 2017 ha sido un año de producción record de soja y, paradójicamente, el año en que tuvo lugar la menor industrialización del grano en todo el gobierno de Horacio Cartes. Lo cual deja bien claro el modelo. En el fondo la lucha es entre quienes quieren la industrialización y quienes defienden la economía cuasi feudal.

El argentino José Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas ha criticado la medida de la Corte. Berea es Director de Vicentin Paraguay la filial de la más poderosa industria aceitera argentina, Vicentín. Claro, hasta ahora era más negocio enviar soja en bruto al mercado internacional, incluyendo a la planta industrial de Vicentín en Argentina, pero con este fallo de la Corte posiblemente esta firma tendrá que invertir en una industria aceitera en Paraguay. Hasta ahora Vicentín se ha estado llevando la soja a su planta industrial en Argentina sin invertir nada en Paraguay, mientras las industrias locales en las que se invirtieron millones de dólares procesaban cada vez menos soja, y las inversiones en nuevas industrias o ampliaciones estaban totalmente paralizadas porque el envío de soja sin procesar era un negocio más atractivo.

En donde sube de tono el cinismo de la Capeco es cuando expresan su preocupación acerca de que disminuirá la recaudación tributaria. Parece un chiste: los más grandes evasores preocupados por la recaudación fiscal. Todo el sector agropecuario contribuye con alrededor de 130 millones de dólares anuales al fisco, algo más del 3% de la recaudación tributaria, suficiente como para mantener el funcionamiento del estado por alrededor de cuatro días, ya que el mismo gasta alrededor de 33 millones de dólares anuales. Y si hablamos solamente del aporte de los sojeros se puede deducir que éste no alcanza siquiera para mantener las rutas que demandan una inversión de 120 millones de dólares anuales.

Los poco más de 4.000 empresarios de la soja que concentran alrededor del 90% del negocio vienen dejando de ingresar al fisco alrededor de 500 millones de dólares al año en concepto de Iragro e Inmobiliario, pero Hacienda en vez de tomar las medidas correctivas lo que viene haciendo es defender los intereses de los empresarios de la soja y ahora, una vez más hace el coro a las mentiras de la Capeco y lamenta la medida de la Corte, mientras acogota con más impuestos a los pobres y la clase media y acelera el endeudamiento.

El fallo significará un baja del precio interno de la soja lo que alentará el salto a la industrialización masiva y la producción de más harina y aceite, lo que permitirá producir más alimentos para el ganado mayor y menor y el aumento de la producción de derivados como leche, yogur, embutidos, chacinados, etc. Todos estos productos serán más baratos con una harina más barata como consecuencia de una soja más barata, por lo que el trato tributario diferenciado a las exportaciones es una medida que apunta a combatir internamente el hambre. El Paraguay exporta alimentos para alrededor de 70 millones de personas mientras somete al hambre a unos 400.000 compatriotas lo que es absolutamente inaceptable. En Paraguay no existe sobreproducción, lo que existe es subconsumo.

El desarrollo de otros sectores industriales a partir de una soja interna más barata aumentará la industrialización y la mayor disponibilidad interna de soja y aceite alentará el desarrollo de otros sectores, aumentará el empleo, dinamizará la demanda y aumentarán la recaudación fiscal y los ingresos en divisas y tornará la economía menos vulnerable ya que sus exportaciones serán más variadas y con mayor valor agregado. Los precios los productos de mayor valor agregado tienen precios más estables en los mercados internacionales a diferencia de los precios de los productos agrícolas que son más volátiles. La industrialización tiene ventajas que increíblemente siguen siendo discutidas localmente y el fallo de la Corte no es otra cosa que un paso hacia la justicia tributaria y el desarrollo.