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Nueva ley

Paraguay busca terminar con los casos de apatridia

Se estima que al menos 10 millones de personas alrededor del mundo son apátridas. (Imagen ilustrativa).

La Agencia de la ONU para los refugiados felicitó este viernes a Paraguay tras aprobar una nueva ley especial que servirá para identificar, defender y resolver la situación de las personas que carecen de nacionalidad, los apátridas. Además, la legislación servirá para agilizar los procesos de naturalización.

La nueva legislación también permitirá que los hijos de paraguayos nacidos en un país extranjero adquieran la nacionalidad paraguaya sin necesidad de residir en el país. De acuerdo con la nueva ley, “si la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) reconoce la apatridia, el trámite de inscripción como nacional puede hacerse desde el extranjero”.

Según ACNUR, la normativa representa un importante avance regional, de acuerdo con el compromiso adquirido por los países de América Latina y el Caribe en el marco del Plan de Acción de Brasil. El Plan busca erradicar la apatridia en la región en un período de diez años.

La iniciativa de "Protección y facilidades para la naturalización de las personas apátridas" fue aprobada en primera instancia por el senado del país sudamericano en noviembre del 2017. Posteriormente, obtuvo el visto bueno de la cámara de diputados el 9 de mayo de este año, tras una serie de modificaciones.

El trámite parlamentario finalizó este jueves con la aprobación final del Senado.

ACNUR cifra en unos 10 millones el número de apátridas en todo el mundo. En noviembre de 2014, la Agencia inició la campaña #IBelong (“Yo pertenezco”) que busca eliminar la apatridia para el año 2024.

Se estima que al menos 10 millones de personas alrededor del mundo son apátridas, es decir, no son consideradas como nacionales suyos por ningún Estado conforme a su legislación.

La apatridia a veces permanece como un problema invisible porque las personas apátridas a menudo son inadvertidas y no son escuchadas. No se les permite asistir a la escuela, ver a un médico, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse.

La negación de estos derechos no sólo impacta a las personas afectadas, sino también a la sociedad como un conjunto ya que la exclusión de todo un sector de la población puede provocar tensiones sociales y perjudicar significativamente el desarrollo económico y social.

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