Por su parte, Mirta Moragas, le dijo a NOVA que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) “supervisa el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados de la OEA, no de los delitos o crímenes que ocurran en el estado, que cada estado es soberano para aplicar su legislación interna. Arrom y Martí fueron al SIDH para denunciar que fueron torturados y privados arbitrariamente de libertad por el estado (si una persona "particular" pega a otra y secuestra a otra, esos son hechos punibles pero si son agentes del estado, es tortura). El caso se trata de que el Estado paraguayo "demuestre" que no privó arbitrariamente de libertad y no torturó a Arrom y Martí. No se trata, como dijo el procurador de "la industria del secuestro", no se juzga si ellos secuestraron o no a Debernardi. Es más, si el Estado consiguiera su extradición, perfectamente podrían ser juzgados y condenados por secuestro. Un tema no tiene que ver con el otro”.

La activista cuestionó duramente las afirmaciones del gobierno en este caso.

“El Estado miente deliberadamente para no hablar de lo que realmente se trata, de que en Paraguay se sigue torturando y el Estado sigue sin tomar medidas efectivas para erradicarla. El Estado emprendió una campaña mediática sobre el tema de la reparación económica y esconde interesadamente que las principales medidas que le solicitó la CIDH tienen que ver con medidas para erradicar la tortura y la privación ilegítima de libertad que el Estado paraguayo sigue cometiendo a través de sus agentes”.

“La posición de Debernardi, Zavala y otros es comprensible desde el punto de vista de que han sido víctimas de secuestro. Ahora bien, quien debería tomar medidas para erradicar esto es el Estado, que ahora se presenta como "víctima" de Arrom y Martí. También hay que recordar que para llegar a la CorteIDH, antes se siguió un proceso ante la Comisión IDH, donde el Estado tuvo la oportunidad de realizar alegatos y sobre todo, de tomar medidas de no repetición. Si se llega a la Corte es porque el Estado ha sido negligente en asumir su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos en este caso, de Arrom y Martí”.

Aunque prefirió no profundizar demasiado por su rol de exrealtora de la CIDH, Rosa Maria Ortíz también criticó en UH las manifestaciones hechas por representantes del Estado y miembros de los organismos de seguridad.

“Se puso de moda lo de fake news (noticias falsas), y aprovecho para recordar que el periodismo siempre tiene que ir a las fuentes, y no solo repetir lo que alguien dice, porque la repetición continuada de exabruptos contra el Sistema Interamericano de DDHH hace que la opinión pública piense que es correcto eso. En este caso, lo que se intenta por todos los medios en no mandar a la Corte. Es más, la Corte es muy exigente de que la CIDH no mande cualquier caso. Tienen que ser casos que realmente ameriten, que sean paradigmáticos y que sirvan para construir un Estado con más garantías de derechos. La CIDH tiene una serie de limitaciones y condiciones a la hora de admitir la petición y a la hora de remitirla a la Corte” señaló Ortíz quien también opinó sobre la publicidad que desde el gobierno se hizo del monto reclamado como reparación material por los demandantes.

Sostuvo que este tema pudo haberse instalado por “desconocimiento” hecho que consideró “muy grave”

“…Cómo van a estar esas autoridades en esos puestos, si es que desconocen cosas tan básicas. O mala fe, que también es grave. No se encuentra una tercera opción. Lo que estamos viendo ahora es una decisión política (de las actuales autoridades). Lo que preocupa es esto: Si es una decisión política, ¿por qué el Poder Judicial y la Fiscalía apoyan estas mentiras? ¿Por qué la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público aprueba lo que se está diciendo? ¿Dónde se encuentra la independencia de poderes?”.

En ese sentido, el constitucionalista Jorge Seal dijo también a UH que es más probable que él sea elegido presidente de la república a que la Corte indemnice con 63 millones de dólares a los demandantes.

Una de la reparaciones más altas establecidas por la Corte IDH se produjo en 2011 (Salvador Chiriboga Vs. Ecuador). El monto alcanzó los 27 millones de dólares.