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Repudian su posible designación

Insólito: Jalil Rachid podría volver a Curuguaty como fiscal

Jalil Rachid durante el juicio por la Masacre de Curuguaty.

Organizaciones que nuclean a expresos  y familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty repudiaron la nueva designación de Jalil Rachid como fiscal en la zona donde en 2012 se produjo la masacre que acabó con el gobierno de Fernando Lugo

 

“Estamos muy preocupados. Jalil Rachid no puede volver a Curuguaty después de las situaciones que vivimos desde aquel 15 de junio. Categóricamente rechazamos, porque no es una persona grata para Curuguaty”, refirió Darío Acosta, uno de los referentes de familiares y víctimas de la masacre. 

Por su parte, Martina Paredes, trató de “payaso y caradura” a Rachid. “Nosotros como familiares de las víctimas buscamos la paz, y no habrá paz si él vuelve, nos va a provocar y a mucha gente”, señaló la mujer que perdió dos de sus hermanos en la matanza. 

“Para mí, Jalil Rachid debería estar preso. Él no puede integrar una terna para fiscal, y más aún en una zona diezmada, tan golpeada como lo es Curuguaty. Él tiene una responsabilidad, pero criminal", expresó la activista social, Guillermina Kanonnikoff.

Como medida contra la designación, familiares de víctimas y víctimas cortaron este martes la Ruta 10 Las Residentas, justo frente a las tierras donde ocurrió la masacre que enlutó al país en el año 2012.

 

Los antecedentes

Rachid saltó repentinamente a la fama cuando con solo tres meses como fiscal fue nombrado por el hoy procesado y detenido exfiscal general, Javier Díaz Verón, para investigar los luctuosos sucesos.

Su desempeño fue duramente cuestionado por organizaciones nacionales, internacionales e incluso países como Estados Unidos y Alemania que pidieron en reiteradas ocasiones al Gobierno paraguayo que lo apartara de la causa y abriera una nueva investigación “objetiva, imparcial e independiente” que condujera al esclarecimiento de lo hechos. 

El caso fue tan grotesco que por primera vez un alto comisionado para los DDHH de Naciones Unidas se pronunció públicamente al respecto.

La condena dictada en 2016 contra los 11 campesinos procesados por la masacre en base a la “investigación” llevada adelante por el fiscal Jalil Rachid fue anulada por la Sala Penal de la Corte en 2018. Los magistrados alegaron “vicios” en el proceso y admitieron que no se pudo probar a la participación de los acusados en los hechos investigados. 

En su momento, Jalil Rachid consideró que la absolución de los condenados por la causa fue una “canallada jurídica”.

La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un desalojo “disfrazado” de allanamiento en el que murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.

 

 

 

 

 

 

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