Manuel Ramírez Candia hizo referencia a su cuestionado trabajo como fiscal de la causa abierta por la masacre en la que fallecieron 11 campesinos y seis policías el 15 de junio de 2012. A su turno, Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte y Alberto Martínez Simón también votaron en contra de su nombramiento, mientras que Miryam Peña Candia, Antonio Fretes y Luis Benítez Riera, votaron por su confirmación.

Se realizó una segunda votación donde los ministro mantuvieron su postura por lo que el presidente desempató votando por Moscareño.

Con la salida de Rachid se cierra un capitulo negro de la historia de la justicia en Paraguay. Pero Jalil no es el único que debería pagar por lo sucedido en Curuguaty; Ninfa Aguilar, la fiscala que convirtió una orden de allanamiento en una de desalojo y que estuvo la luctuosa mañana al frente del operativo es hoy jueza en San Pedro. Otro que fue “premiado” por respaldar a Rachid es quien llegó a ocupar el cargo de Fiscal General en reemplazo de Javier Díaz Verón y que en ese momento se desempeñaba como Adjunto, Alejo Vera, entre otros.

Los antecedentes

Rachid saltó repentinamente a la fama cuando con solo tres meses como fiscal fue nombrado por el hoy procesado y detenido exfiscal general, Javier Díaz Verón, para investigar los luctuosos sucesos.

Su desempeño fue duramente cuestionado por organizaciones nacionales, internacionales e incluso países como Estados Unidos y Alemania que pidieron en reiteradas ocasiones al Gobierno paraguayo que lo apartara de la causa y abriera una nueva investigación “objetiva, imparcial e independiente” que condujera al esclarecimiento de lo hechos.

El caso fue tan grotesco que por primera vez un alto comisionado para los DDHH de Naciones Unidas se pronunció públicamente al respecto.

La condena dictada en 2016 contra los 11 campesinos procesados por la masacre en base a la “investigación” llevada adelante por el fiscal Jalil Rachid fue anulada por la Sala Penal de la Corte en 2018. Los magistrados alegaron “vicios” en el proceso y admitieron que no se pudo probar a la participación de los acusados en los hechos investigados.

En su momento, Jalil Rachid consideró que la absolución de los condenados por la causa fue una “canallada jurídica”.

La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un desalojo “disfrazado” de allanamiento en el que murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.