El Gobierno decidió solucionar el asunto echándolo del país, dando inicio así a una serie de expulsiones que afectaron principalmente a miembros del PCC con procesos pendientes en Brasil.

Como era de esperarse, la nueva política carcelaria no fue bien recibida por los brasileños presos en Paraguay que consideran las cárceles de nuestro país "hoteles 5 estrellas" en comparación con las del suyo.

El clima en los penales se enrareció y las escaramuzas e intentos de fuga no tardaron en volverse habituales.

A la vez, los organismos de seguridad emprendieron una audaz ofensiva contra los grupos mafiosos que operan en la frontera capturando a bandas enteras. Pero el Gobierno no tuvo en cuenta ni la limitada y ya sobrepasada capacidad de las penitenciarias ni la inexistencia total de pabellones de máxima seguridad.

A la excesiva cantidad de reclusos se le sumó otro problema, la convivencia en un mismo lugar de miembros de grupos rivales.

La falta de previsión terminó como cualquiera hubiese podido sospechar; el domingo 16 de junio “soldados” del PCC y del “clan” Rotela recluidos en el penal de San Pedro dirimieron sus diferencias en un sangriento motín.

Ganaron los del PCC, que decapitaron a la mitad de sus víctimas y exhibieron sus cabezas como trofeo de guerra a los familiares de los presos que como cada domingo esperaban por su visita.

Con las cabezas de “los Rotela” rodaron también las del director del penal, Wilfrido Quintana y del director de Institutos Penales, Blas Martínez quienes fueron inmediatamente destituidos por el presidente Mario Abdo.

Increíblemente salvó la suya el Ministro de Justicia y Trabajo “JJ”Ríos, respaldado por el “todopoderoso” vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Otro hecho que evidencia la falta de previsibilidad del actual Gobierno se produjo a finales de mayo, cuando el presidente le ordenó al titular del IPS que cancelara la licitación por servicios de Seguridad debido a una serie de denuncias sobre posible amaño publicadas por el diario ABC Color.

Lo que parecía reafirmar el compromiso del Ejecutivo a la hora de combatir la corrupción derivó en una serie de problemas “inesperados” que hoy incluso ponen en jaque la continuidad en el cargo del Ministro de Hacienda y medio hermano del presidente, Benigno López.

Primero fueron las 700 familias de los guardias que quedaron sin trabajo las que protestaron y después los propios afiliados y directivos de la previsional que vieron cómo los robos y la presencia de “intrusos” en los pasillos de las diferentes sedes del IPS se multiplicaban en pocas horas.

El pacto “abdocartollanista” y la prácticamente nula oposición permiten al Gobierno salir airoso de situaciones que en otro contexto le hubiesen costado muy caro.