En otro escrito solicitan a las autoridades argentinas que concedan el refugio político a los miembros de la familia Villalba que desde hace diez años viven en ese país.

“Ninguno de nosotros olvida, además, nuestro compromiso con la familia Villalba, que sigue sufriendo amenazas y persecuciones; en ese sentido nos convocamos y convocamos a exigirle al gobierno argentino a que cumpla con su deber de dar refugio a todas aquellas de sus integrantes de nacionalidad paraguaya que viven, trabajan, estudian y procuran paz y tranquilidad en Argentina desde hace más de una década. Convocamos a redoblar la participación en la campaña internacional #eranniñas, que recién empieza; y a sostenerla, difundirla y expandirla”.

Según lo expresado en el comunicado por los activistas, es deber de a Argentina por ser las niñas de esa nacionalidad y de la comunidad internacional al tratarse de menores de edad que podrían haber sido víctimas de ejecución, exigir el esclarecimiento del caso.

Documento entregado

Los consulados paraguayos en las ciudades de Posadas, Rosario y Salta recibieron el documento redactado por las organizaciones y se comprometieron ante los activistas a hacérselo llegar al ministro de Relaciones Exteriores, Federico González.

Texto completo

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay

Embajador Federico González Franco

El 2 de septiembre de este año, el Presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, se dirigió a la opinión pública en conferencia de prensa, desde Yby Yaú, Departamento de Concepción, para informar de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), al que calificó de “exitoso”.

En esa ocasión, el Fiscal Federico Delfino comentó que se trataba de “dos mujeres”.

También se informó que, en esta particular ocasión, el operativo no había sido filmado; para justificar lo cual, los distintos voceros de la FTC fueron dando diferentes y contradictorias versiones.

Poco después, el médico forense del Ministerio Público, Cristian Ferreira, dijo en conferencia de prensa que los cuerpos correspondían a menores de edad de entre 15 y 17 años.

Los cuerpos fueron rápidamente sepultados, no sin que antes la fiscalía mandara incinerar toda la ropa que, supuestamente, ellas vestían al momento de las muertes.

Cuando la República Argentina, a pedido del gobierno paraguayo, informó que se trataba de dos niñas argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años; el Ministro Asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia del Paraguay, Federico González, insistió en que eso no era verdad y que la verdad era la que sostenía el médico Ferreira. Lo mismo sostuvo el General Grau, vocero del gobierno en este operativo.

Ante el informe de la Argentina, se decidió exhumar los cuerpos y llevarlos a Asunción, donde nuevos estudios determinaron que, efectivamente, se trataba de niñas de 11 años; dando por tierra con todas las especulaciones y supuestos informes de inteligencia conque los voceros oficiales pretendían sostener su versión.

Ante esta realidad incontrastable, el discurso oficial se dirigió a culpabilizar a la familia, dejando sin aclarar el hecho de que el propio General Grau dijo que el operativo fue precedido por un trabajo minucioso de inteligencia, que la FTC ya sabía que en los campamentos del EPP era posible encontrar niños y que el juez que autorizó el operativo fue terminante: él accedió porque nadie le informó que podía haber menores.

Paralelamente, se hicieron públicas fotografías de los cadáveres de las dos niñas de 11 años y hasta el diario íntimo de una de ellas, pisoteando no sólo el Derecho sino una mínima ética de respeto por ellas.

A dos meses del crimen, cuando se ha identificado, procesado y arrestado a manifestantes que fueron al centro de Asunción a repudiarlo, el Ministerio Público Fiscal no ha avanzado un centímetro en la investigación de los hechos y sus responsables en todos los niveles. Al contrario, ha obstaculizado la participación de las familiares a través de sus representantes legales; ha hecho lo mismo con el pedido del Consulado argentino para exhumar los cuerpitos para ser examinados por un equipo forense enviado por la Cancillería argentina.

En resumen, el tiempo transcurrido sólo ha sido utilizado por el Estado paraguayo para encubrir e intentar evadirse de sus responsabilidades internacionales con el respeto a los Derechos Humanos y, en particular, con aquellos que protegen a la niñez de los crímenes de quienes detentan el poder.

Por eso, los abajo firmantes, nos dirigimos a esta Cancillería para manifestar nuestro repudio a esas maniobras de encubrimiento y para que transmita a las instancias pertinentes de los tres Poderes constitucionales del Paraguay para que, cada una dentro de su competencia, actúen para que el Estado del Paraguay desista de sus intentos y acepte sus responsabilidades por estos crímenes deleznables.