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Arde la oposición chilena

Bachelet reformista: va por la despenalización del aborto y la jubilación estatal

Michelle Bachelet, presidenta de Chile. (Dibujo: NOVA)

Parlamentarios de la oposición de derecha en Chile pidieron este lunes a la presidenta Michelle Bachelet que rechace las recomendaciones que recibió de varios países miembros del Consejo de Derecho Humanos de la ONU respecto a la despenalización del aborto en determinados supuestos.

En una carta enviada a la mandataria, casi todos los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional, que conforman el pacto opositor, manifestaron su desacuerdo con ese planteamiento, que Chile acogería parcialmente en casos de inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación.

Por su parte, el Ejecutivo chileno había elaborado un documento en el que aceptaba las recomendaciones respecto del aborto y rechazaba una sugerencia del Vaticano que pedía "defender y respetar los derechos de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".

Fuentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, anticiparon que Chile aceptará también la revisión de la ley antiterrorista y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Sistema de jubilación estatal

Mientras tanto, la presidenta firmó el proyecto de ley que crea una Administradora de Fondos de Pensiones estatal, unas de las 56 medidas comprometidas para los 100 primeros días de Gobierno.

El proyecto de ley que crea una AFP estatal busca sumar más competencia al sistema de pensiones previsional de los chilenos. Bachelet señaló que “la idea es introducir más competencias en el sistema y cubrir a aquellas personas como mujeres, trabajadores independientes y aquellos que viven en zonas extremas del país”.

Recordó que en el sistema tiene 9,6 millones de afiliados de los cuales sólo cinco millones cotiza, y que la pensión promedio es de 185.000 pesos chilenos (335 dólares), inferior al salario mínimo de 210.000.

Pero no todo es color de rosa. Los dueños de las gestoras privadas, que manejan fondos de unos 100.000 dólares millones, se quejaron por la ley, ampliamente apoyada por la ciudadanía en sondeos.

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