La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Claudia Criscioni informó que, de los G. 68.000 millones supuestamente transferidos a favor de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y otros del Paraguay (FENAPROFHP), durante la administración del entonces ministro de Agricultura y Ganadería y actual senador Enzo Cardozo, G. 52.000 millones corresponden a fondos Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).
De acuerdo a la investigación fiscal, en el mes de mayo del 2012 fue firmado un convenio de cooperación para que los productores familiares accedieran a los servicios institucionales que facilitan la producción de alimentos inocuos y de calidad para el autoconsumo y para el mercado. El acuerdo fue entre el actual legislador Cardozo y la Federación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, representada por Silvio Riveros y Lidio Irala.
Al respecto, la fiscal Criscioni refirió que “la causa se basa en que cuatro estudios, que el mismo MAG informó que no pasaron por el Departamento de Planificación, no son factibles. Hablamos de un estudio de mercado, técnico y financiero. Entonces, el Ministerio Público le atribuye concretamente al entonces ministro, haber liberado fondos sin ningún respaldo, además de no haber controlado qué se hizo con dicho dinero”.
“De un simple control de este dinero, se presentó una factura de estiércol por G. 2.300 millones que no tiene respaldo en el subproveedor, es decir es falsa. También los estudios del MAG confirman que si esto se repartía por el suelo, hubiese creado un daño irreversible. Estos datos están agregados en el expediente y fundan la sospecha de que es punible por Estafa y Lesión de confianza. El Ministerio Público no realiza imputaciones falsas; nos basamos en documentos proveídos por otros órganos del Estado. La imputación es clara y describe exactamente los hechos que se le atribuyen a los imputados”, explicó la fiscal.
Imputados
La agente Anticorrupción detalló también que, en una primera parte de la investigación fueron imputados el actual senador nacional Enzo Cardozo y el ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rody Godoy, por los hechos punibles de Estafa y Lesión de Confianza. Además, están imputadas otras 23 personas por el mismo caso, entre ellas Silvio César Riveros Morínigo, Ignacio Acuña Ramírez, Lidio Esteban Irala Ledezma, Luis Eduardo López, Luis Guillermo Piccardo Martínez, Alcira Arzamendia, Maristela Azuaga Fleitas, Heriberto Huerta Denis, Mariza Mendoza de Vera, Marcela del Carmen Fleitas, Pedro Ibáñez, Víctor José Ramírez, Alberto Riquelme Paredes, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Daniel Ferreira, Jorge Ovelar Dacosta, Javier Luna Pastore, Gustavo Amarilla, Alberto Ignacio Aquino Ocampo, Ceferino López Romero, Cecilia López Romero y Manuel Gaona.
En una segunda parte de la investigación, la representante del Ministerio Público amplió la imputación contra Ronald Hernán Guerrero Ovelar, María Lourdes Meza Vielma, Luis Guillermo Piccardo Martínez, Rigoberto Rodríguez, Marcial Benítez, Mario Arnaldo Riveros González, Tomás Antonio Rivas González, Ricardo Arias, Gustavo Tomás Montiel, Alice del Rosario Almirón López y José María Barreiro Riveros, por Lavado de Dinero, Estafa, Lesión de Confianza y Obstrucción a la restitución de bienes. “En esas cuentas, donde se depositó el dinero que tendría que haber sido utilizado para el pago de los proveedores, y que a su vez tenían que comprar los insumos, salen multimillonarias sumas de dinero con cheques al portador y endosados por los mismos imputados, lo que hace a la sospecha del ocultamiento de un dinero. Con los informes del banco, los cheques que fueron copiados en el anverso y reverso, de esto surge la sospecha de que el dinero no llegó a los proveedores. En esta etapa, es lo que funda la imputación. Son documentos serios y objetivos provenientes de instituciones públicas y privadas”, manifestó Criscioni.
Autos, casas y propiedades
Por otro lado, la fiscal Claudia Criscioni sostuvo que, de los G. 52 mil millones correspondientes al FONACIDE, el Ministerio Público solicitó el embargo. “También se han otorgado medidas cautelares de carácter real, tales como prohibición de innovar y contratar, a fin de precautelar que ese dinero pueda ser recuperado en un eventual comiso. Porque precisamente, de acuerdo a los elementos de sospecha, es que ese dinero de los cheques que fueron endosados y cobrados por los propios miembros de la Fenaprohp, se utilizó para compra de estancias, vehículos y propiedades”, aclaró.
