Lo increíble es que el propio director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Paraguay, Pablo Lemir, reconoció en una entrevista radial posterior al crimen que las ropas son “fundamentales para el trabajo criminalístico” y deben preservarse conforme al propio protocolo del país.

Cristian Ferreira, el perito forense que visitó el lugar el día del tiroteo, dijo que tras ver las heridas de las víctimas estimó que les habían disparado desde una distancia de entre 10 y 20 metros.

En cambio, los expertos del IFEG afirmaron en su informe a Human Rights Watch que no es posible determinar la distancia de disparo para distancias superiores a los 1,5 metros, porque “los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen orificios de entrada con aspectos idénticos”. Los disparos realizados desde distancias más cortas pueden dejar marcas de hollín, fuego y humo en la ropa, pero “sin las ropas, no se puede determinar correctamente la distancia entre el arma y la víctima”, precisaron los expertos.

Ferreira dijo el 3 de septiembre que no realizó una autopsia antes de que las víctimas fueran inhumadas porque “no hubo necesidad”. Lemir lo contradijo más tarde, cuando manifestó que el protocolo establece que se deben refrigerar los restos por 24 horas y luego realizar una autopsia.

El informe menciona las siguientes irregularidades:

-Se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una autopsia.

-Quemaron las ropas de las víctimas.

-Sostienen, en función de un examen forense que no es confiable, que una de las niñas de 11 años disparó un arma.

-Hicieron una determinación sobre la distancia de disparo que no puede ser fundamentada con evidencia forense.

-Le prohibieron a un representante de los familiares estar presente en un examen forense de los restos y le negaron acceso a la investigación.

Antecedentes y síntesis del informe de HRW

El 2 de septiembre de 2020, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de élite dirigida por las Fuerzas Armadas que incluye a policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, presuntamente mataron a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba durante un operativo contra un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un área boscosa aproximadamente 360 kilómetros al noreste de Asunción. La madre de una de las niñas, que eran primas, dijo a Human Rights Watch que las niñas nacieron y vivían en Argentina pero se encontraban en el campamento visitando a sus padres, que son miembros del grupo armado.

“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”.

Human Rights Watch revisó las declaraciones públicas de las autoridades sobre el caso y la evidencia disponible públicamente. En respuesta a un pedido de Human Rights Watch, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), un grupo internacional integrado por reconocidos expertos forenses, elaboró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación.

Ferreira dijo que, en función de su examen externo de las heridas, las víctimas habían recibido disparos desde una distancia de entre 10 y 20 metros. Sin embargo, los dos expertos del IFEG dijeron que el análisis forense no puede determinar una distancia de disparo superior a aproximadamente 1,5 metros, dado que “los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen orificios de entrada con aspectos idénticos”.

La policía realizó una prueba de parafina para identificar residuos de disparos en las manos de las víctimas y así determinar si habían disparado un arma. Un fiscal dijo que el resultado fue positivo para una de las niñas y negativo para la otra. Pero los expertos del IFEG afirman que las pruebas de parafina no son confiables y que su valor es “marginal en el mejor de los casos”, dado que varias sustancias pueden producir un resultado positivo, incluyendo frijoles, lentejas y otras plantas leguminosas, orina, fertilizante, tabaco, esmalte de uñas, jabón e, incluso, agua del grifo.

El gobierno paraguayo insistió durante días en que la edad de las víctimas era mucho mayor que la verdadera, a pesar de las pruebas proporcionadas por sus familiares y corroboradas por el gobierno argentino. Debido a la controversia acerca de sus edades, las autoridades paraguayas exhumaron los cuerpos y, tras un análisis de ADN y de muestras óseas, Lemir confirmó que las niñas tenían 11 años.

Tras el examen de los restos, Lemir indicó que una de las niñas había recibido siete disparos, de frente, de espaldas y de costado, mientras que a la otra le habían disparado dos veces, de frente y de costado.

Una abogada que representa a la familia de las víctimas manifestó a Human Rights Watch que las autoridades no le permitieron estar presente durante un examen forense realizado el 5 de septiembre y que han seguido negándole el acceso a la investigación, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.

El 15 de septiembre, el gobierno argentino solicitó que Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una prestigiosa institución científica de profesionales con experiencia en investigaciones forenses en todo el mundo, a exhumar los cuerpos y realizar una autopsia. No han recibido tal autorización hasta el momento. Los dos expertos del IFEG recomendaron exhumar los cuerpos “sin dilaciones” para preservar cualquier evidencia que quede, dado el deterioro de los restos por el paso del tiempo.

El 9 de septiembre, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una coalición de organizaciones de derechos humanos, envió una carta al Congreso de Paraguay en la cual solicitó que se creara una comisión para investigar el caso. El Congreso aún no ha respondido, según indicó la coalición. Human Rights Watch apoya esa petición.