Con un examen a la ley de Justicia y Paz, la aprobación de la ley de Víctimas y la viabilidad –en el marco del derecho internacional- de la aplicación en Colombia de la Justicia Transicional, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, inició un proceso de transformación política con el acompañamiento del Congreso y bajo la mira de la opinión pública a nivel mundial.

La iniciativa está orientada a construir un modelo jurídico para la paz, que parte de una reforma Constitucional, el replanteamiento del delito político, la creación de la normatividad para el principio de oportunidad -aún en delitos de competencia de la Corte Penal Internacional-.

El tema es de tal magnitud, que abre la puerta a una posible firma de la paz con los grupos alzados en armas –a futuro- a través de amnistías a los protagonistas de delitos de lesa humanidad. Es decir, se aplicaría la justicia transicional, que permitiría beneficiar a la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares.

Con este escenario -cuyo principal protagonista será el Congreso- podrá evaluar las fallas del proceso de Justicia y Paz y reconocer sus aportes.

“Será necesario incorporar un esquema de justicia transicional en el diseño de nuevas herramientas. Dentro de la definición de quienes se beneficiarían se estudiará la naturaleza de las bacrim, así como la distinción de actividades delictivas como el narcotráfico y las acciones armadas ilegales”

Este ejercicio tomará por lo menos un año y su formulación será de origen parlamentario.

En otras palabras, se abre un nuevo escenario de reconciliación en Colombia que obligará a dotar a los procesos transicionales de mayor velocidad y más énfasis en los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Este aparato judicial especial tiene el desafío además de evitar por medio de la eficiencia y la celeridad, que se activen otros escenarios de justicia internacional como el delito político o la extradición.

El objetivo del gobierno de Santos es ordenar desde el Congreso los vacíos de la ley de Justicia y Paz y diseñar un nuevo conjunto de herramientas jurídicas que le permita construir un plataforma de reconciliación orientada a firmar la paz con los grupos alzados en armas y proteger a la fuerza pública.

Como están las cosas, la idea del Ejecutivo es crear una doctrina propia de paz, seguridad y conflicto.

Para lograr este propósito el jefe del Estado se hace acompañar de la bancada del partido de la U -particularmente- en la construcción de una discusión abierta desde el Congreso, donde la visibilidad de los actores políticos, sociales y académicos ocupará un primer plano.

De esta manera, se abre una puerta para la paz, en la era pos Uribe, en cuya administración se plasmó la política de Seguridad Democrática, que cerró una eventual salida negociada con los grupos al margen de la ley.

Mientras ese momento llega, los colombianos están observando impotentes el fraccionamiento de la guerrilla de las FARC -uno de los movimientos alzados en armas más antiguos del planeta- en pequeñas bandas criminales “bacrim”, que amenazan con alterar el proceso electoral del mes de octubre.