El acuerdo alcanzado con el PLRA, AP y UNACE (conocido como Pacto Azulgana) duró apenas un mes. El dialogo con los sindicatos ni siquiera se inició, lo que constituyó uno de los motivos de la huelga general del 26 de marzo de 2014. Respecto los sectores sociales, Cartes aplicó la política del garrote, reprimiendo salvajemente a campesinos, estudiantes y todo aquel ciudadano que se atreviera a manifestar.

En el aspecto medioambiental, por ejemplo, sus ministros se niegan a debatir sobre políticas y leyes que afectan comunidades enteras y no dudan en defender el uso indiscriminado de agrotóxicos sin importar sus efectos.

Los apresamientos e imputaciones de campesinos que se oponen a las fumigaciones ilegales han sido una constante desde su llegada al poder.

En el aspecto económico, el flamante presidente planeaba dinamizar la economía y captar inversores en menos de 100 días.

Para eso necesitaba solamente de la APP. La polémica ley fue sancionada hace casi un año pero los capitales siguen sin aparecer.

Otro de sus objetivos pasaba por mejorar los Servicios Públicos, sin embargo, los buses chatarra siguen circulando y la falta de insumos en los hospitales es noticia todos los días.

La ciudadanía sigue esperando los anuncios de inversión privada en redes ferroviarias, portuaria, aérea y energética, tal como se había prometido.

Lo mismo sucede con las obras de agua y alcantarillado y los caminos rurales que siguen en el mismo estado de siempre.

No se reestructuró ni desburocratizó la administración pública ni se intervinieron los sectores de transporte y combustibles, como anunciaba.

No se inició ningún programa de viviendas y de las 50 mil casas que proyectaba construir en cinco años, todavía no se levantó ninguna.

Tampoco se generó un solo empleo de los 120 mil prometidos por año.

El plan “La salud va a la gente” que anticipaba salud gratuita para el 30% que jamás recibió atención médica, jamás fue puesto en marcha y el acceso a las salud es cada vez más precario.

Cartes prometía apelar al consenso, la consulta y el diálogo con la ciudadanía, pero una vez en el poder prefirió guiarse por el consejo de los gerentes de sus empresas, a los que sentó en el consejo de ministros sin explicar en calidad de qué lo hacían.

Respecto a la política exterior, hacía hincapié en la reinserción internacional plena y con dignidad, sin embargo, terminó cediendo ante las presiones de Argentina y Brasil, aceptando la incorporación de Venezuela al Mercosur sin condicionamientos.

No hubo restructuración del MEC ni mejoras en la infraestructura educativa, y los fondos o bien fueron “devorados” por los intendentes o permanecen en bancos de plaza generando intereses que servirán (seguramente) para financiar campañas proselitistas.

Respecto a la transparencia y la corrupción, uso los procesos abiertos contra exfuncionarios y políticos para negociar votos en el Senado.

En síntesis, Cartes exige a los demás la rectitud y transparencia que él no practica.

Durante su toma de mando, aseguró que los criminales no le marcarían la agenda. Sin embargo, dos días después, el EPP asesinaba a cinco guardias de seguridad de un establecimiento perteneciente a un empresario muy cercano a él, dando inicio al periodo más sangriento en la historia del conflicto con el grupo armado. Esto, sin mencionar que el joven Arlan Fick permanece en cautiverio desde hace 80 días.

Al imponer a su amigo Blas Llano como presidente del Congreso, Cartes pone en marcha la segunda etapa de su plan para terminar de concentrar todo el poder.

Esto incluye el control absoluto del Poder Judicial, la Justicia Electoral y la posibilidad de reformar la Constitución para tener la chance de ser reelecto en 2018.

Por último, y ante la falta de interés por parte de los inversionistas, el gobierno optó por aplicar la misma receta que Federico Franco emitiendo bonos por 700 millones de dólares para oxigenar la economía.