La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Ramón Romero Roa aconsejó ratificar la versión aprobada por la Cámara Baja, con respecto a la Ley de Financiamiento Político, debido a que las modificaciones incorporadas por el Senado "desnaturalizaron" el documento original, según indicó el legislador Eber Ovelar, quien es uno de los integrantes del estamento.
El parlamentario explicó que el texto aprobado por Diputados, que en este caso es la cámara de origen, manifiesta, claramente, que toda persona acusada por la comisión de un hecho punible de narcotráfico, automáticamente, se encuentra imposibilitada para realizar aportes a una campaña política, sea una elección interna o general.
"Fuimos muy enfáticos en eso; sin embargo, el Senado aprobó un texto en el que se habla de prohibición, solamente, para personas condenadas, no así para las acusadas por este tipo de hechos", comentó el congresista.
Advirtió que cambiar la denominación "acusado" por la de "condenado", sería un despropósito y volvería, hasta ilusoria, la aplicación de la Ley, ya que una condena penal, especialmente, una sentencia firme, es aquella ya no susceptible, de recursos extraordinarios, "lo que significa que una persona condenada, posiblemente, será retenida recién en diez años, dependiendo de qué chicana aplique para tener esa situación".
"En Diputados fuimos muy claros en esto. Cuando existe una acusación fiscal en contra de un ciudadano, automáticamente, opera la prohibición de aportar en campañas políticas; incluso superamos el estándar de la imputación, porque decíamos que para la imputación, los fiscales sólo necesitaban sospecha y que hasta se podía instrumentar la gestión jurisdiccional para razones impropias", agregó el diputado Ovelar.
Finalmente, anunció que el proyecto sería tratado, nuevamente, en el pleno de la Cámara Baja, la próxima semana.
