Fiscalía admitió que podrían existir vicios procesales si Audiencia continuaba
Ante la nueva advertencia de la defensa sobre la posibilidad de que el proceso termine siendo nulo si la Cámara de apelaciones de Ciudad del Este no resuelve el recurso presentado para que la justicia determine quién es el legítimo propietario de Marina Kué, la fiscalía no tuvo más remedio que solicitar la suspensión de la Audiencia Preliminar por la Masacre que continuaba hoy en la Sala 2 del Palacio de Justicia.
La jueza Janine Ríos, visiblemente nerviosa y con más ganas de irse que de quedarse en el lugar, resolvió luego de un receso de diez minutos (que fueron 30) suspender la Audiencia hasta tanto la Cámara resuelva dicha apelación.
Este hecho representó la mayor derrota en lo que va del proceso para la parte acusadora, que en el transcurso de esta semana parece haber perdido la poca credibilidad que le quedaba, además de poner en evidencia su clara incapacidad para guiar esta causa.
Una vez terminada la audiencia, el fiscal Jalil Rachid huyó de la Sala por una puerta trasera y corrió hacía una de las escalera del Palacio logrando escapar sin hacer las declaraciones que había prometido brindar segundos antes.
Las razones
“Por cuestiones de forma y no de fondo, y para dar garantías al debido proceso, la Audiencia no puede llevarse adelante”. Esas fueron las palabras que usó Rachid para solicitar al Juzgado que analice la suspensión de la preliminar que había comenzado con retraso de una hora.
La defensa consideró previamente que “existen situaciones procesales pendientes e insalvables que deben resolverse antes de continuar”
Los detenidos están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio en grado de tentativa. Los dos primeros delitos derivan del supuesto que la tierra en cuestión pertenece a la empresa Campos Morombí, propiedad del extinto dirigente político Blas N. Riquelme, algo que hasta el propio Ejecutivo asegura que no es cierto.
Si la justicia determina que tal como reclama el Estado la tierra es de su propiedad, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y alrededor de 35 procesados actualmente prófugos quedarían libres de culpa y cargo.
Además, esta decisión podría cambiar radicalmente la perspectiva del proceso, ya que el Ministerio Público se vería obligado a procesar por tráfico de influencias y cohecho a los socios de la empresa, sus abogados y los funcionarios públicos que presionaron para que se realizara el allanamiento.
