El sistema no tiene ningún dato cargado, con lo que se hace imposible determinar las movidas que se tuvieron en los últimos dos meses en cuanto a nuevos funcionarios contratados, dados de baja y demás.
En los últimos años, la nómina de empleados estatales estaba cargada y disponible en la web alojada en la página del Ministerio de Hacienda, hoy de Economía y Finanzascon el objetivo de que se pueda acceder a ella con la mayor facilidad posible, teniendo en cuenta que se trata de información pública.
Información pública oculta sobre funcionarios de gobierno sigue sin revelarse.https://t.co/pzalASaNpK
— Frontera Seca News (@fronterasecapjc) February 26, 2024
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En ese sentido, el máximo retraso que se tenía era de una o dos semanas, a final de cada mes, para tener actualizada la lista de los funcionarios.
Sin embargo, en la actualidad, esta “actualización” está llevando demasiado tiempo, tanto que ni siquiera se puede saber la cantidad de funcionarios de las distintas instituciones de enero y febrero de 2024.
Casos de nepotismo
En los últimos meses, se publicaron varios casos de posible nepotismo o tráfico de influencias respecto a funcionarios públicos ubicados en diferentes instituciones.
Los que más indignaron a la ciudadanía se dieron en la cámara de Diputados, con los hijos de “Silvio Beto” Ovelar, presidente del congreso, y de Pedro Alliana, vicepresidente de la república.
En el caso de Ovelar, su hijo, Alejandro Ovelar Ayala, había sido nombrado como funcionario de la Cámara de Diputados en marzo de 2023, con un sueldo mensual de G. 3.300.000.
Cuando asumió como presidente de la Cámara Baja el diputado cartista Raúl Latorre, pasó a depender de su oficina. Alejandro Ovelar terminó renunciando el 22 de diciembre de 2023.
A su vez, Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Alliana, ingresó a la Cámara de Diputados bajo la consideración de “cargo de confianza” a pedido de Raúl Latorre, según expresó ella misma.
Su contratación se dio el 22 de septiembre de 2023, cuando llegó como “comisionada” desde el Ministerio de Justicia, en donde percibía un sueldo de G. 6.000.000. Una vez en el Congreso, la joven - que ni siquiera tenía un título universitario entonces - pasó a ganar casi G. 19 millones al mes en Diputados.
Estos casos y varios otros, que ABC Color dio en conocer como surgieron justamente gracias a la posibilidad de acceder a información pública, que representa un derecho de todos los ciudadanos.
Restricciones para solicitar información pública
El gobierno también cambió el proceso de solicitar información pública a instituciones del Estado. Ahora es obligatorio contar con la identidad digital, lo que implica que se debe registrar el número de cédula de manera obligatoria.
El abogado Ezequiel Santagada, de la organización IDEA, indicó en su cuenta de X (extwitter) que esto representa un retroceso al derecho de acceder a información pública, ya que hace imposible que instituciones u organizaciones, o incluso, personas que tengan miedo de dar a conocer su identidad por alguna razón, puedan acceder a solicitarla.
