Heredera de la heroicidad que hizo posible restaurar el país después de la Guerra de la Triple Alianza en 1870, cuando solo quedó en pie una minoría de ellas entre los escombros, junto con menores, muchos huérfanos, viejos y tullidos, la mujer paraguaya transita y sufre la misma injusticia de otras congéneres en el mundo que, tras batallar a la par del hombre en guerras de independencia y luchas por la justicia social, una vez alcanzado parte del objetivo, han vuelto a la sumisión sexual humillante, a la violencia de la sociedad discriminadora y a los abusos y maltratos hogareños.

Por años, las mujeres paraguayas han constituido el universo social más ausente en las movilizaciones populares, víctimas de horribles condiciones laborales, sirvienta primero del hogar y esclava moderna de familias adineradas, padeciendo el desprecio y el autoritarismo vigente en la cultura paraguaya, el matonaje de las patronas y la reiterada violación de los señores o de sus hijos, presas en definitiva de la criminal desigualdad social y su economía creadora de miseria.

Las jóvenes, mayoría campesinas arrancadas de la miseria de su hogar por matrimonios ricos, que llegan ofreciéndoles una vida mejor, de bienestar y de estudio, encandilando a las madres deseosas de lo mejor para sus hijas, una vez embarazadas son expulsadas a la calle, insultadas y tildadas de “puta”, y cuando osan rebelarse, calificadas de “locas”.

Es común ver en las ciudades, al amanecer del día, a miles de paraguayas con una cesta sobre su cabeza, transportando varios kilos de chipá, esa tortita de diversas formas, de harina, mandioca y grasa, insustituible en el consumo del pueblo, que la prefiere al pan, en una actividad que la convierte en el más seguro aporte a la economía familiar.

Apenas cuatro días después de la huelga general, que paralizó el país el miércoles 26 y condujo al gobierno a instalar una mesa de diálogo con la dirigencia del paro, cientos de mujeres, sin ningún anuncio previo ni pedir autorización a las autoridades estatales, coparon las calles de la capital del país, en un acto sorpresivo por el secreto de la convocatoria, y sorprendente por la calidad de los reclamos, que fueron desde lo salarial, para superar el régimen atrozmente explotador imperante, hasta exigir el reconocimiento social de que la doméstica es también un ser humano, que merece respeto y una vida digna.

“La ley está hecha por las patronas”, “Abajo toda clase de discriminación”, “Reclamamos respeto a nuestros derechos laborales”, “Exigimos salario mínimo, jornadas de ocho horas y vacaciones pagadas”, “Inscripción en la Seguridad Social”, “Seguro de Salud y Jubilación paga”, se podía leer en algunos de los pasacalles enarbolados.

Una, de cada cinco trabajadoras paraguayas es empleada doméstica y, a pesar de que la mayoría está sometida 12 horas por día, se las van arreglando para reunirse los domingos, en un esfuerzo que está fructificando, dado que cerca de la mitad de las 200 mil registradas en el Ministerio del Trabajo, están organizadas en tres sindicatos en todo el país, reclamando la reforma del Código Laboral, que les fija el deber de cumplir 50 por ciento más de carga horaria y percibir 40 por ciento menos del salario mínimo.

Otro reclamo destacado fue el de respetar los derechos que asisten a toda mujer embarazada para disponer de un periodo de asueto previo y posterior al alumbramiento, cosa inverosímil para muchos, en un país donde se ha llegado a exigir que toda empleada debe declarar a su jefe la fecha y período de menstruación, como se le antojó en fecha reciente al actual director paraguayo de Yasiretá, la represa binacional con Argentina.

El 30 de marzo se cumple el Día Internacional del Trabajo Doméstico, proclamación de la ONU que arrancó discriminando, pues lo justo sería llamar a la jornada “de la Trabajadora Doméstica”.

La sorprendente movilización de este sector de la mujer paraguaya se produce en medio de una nueva fase de las luchas sociales, cuyo pico más importante fue la huelga general del miércoles 26, de rechazo de la política privatista del gobierno, que sigilosamente viene aplicando un proyecto, convertido en ley en fecha reciente, de Alianza Pública Privada (APP), consistente en la concesión de las empresas más importantes del Estado, a inversionistas extranjeros para su explotación durante 40 años, fenómeno que terminó en varios dramas de hambre y endeudamientos nacionales en muchos países en las décadas 80 y 90.

La APP es interpretada por el grueso de la ciudadanía como una simple venta de parte del patrimonio nacional, tal como ocurre con la ocupación del 85 por ciento de la tierra en manos de apenas 3.0 por ciento de propietarios, con predominancia de las corporaciones del agronegocio, en el que sobresale la transnacional de la soja Monsanto, cada día más repudiada por el campesinado que es víctima de sus fumigaciones tóxicas.

Una deforestación salvaje, de cientos de miles de hectáreas, autorizada por el gobierno actual y desdeñada por los anteriores, es una de las pruebas fehacientes de que la tierra, en la mentalidad de quienes hacen de la administración del Estado un negocio, constituye una presa más de su voracidad y angurria, y para nada una herramienta al servicio del bienestar de una población bien alimentada y desarrollada culturalmente.

El momento político en Paraguay expresa nítidamente dos polos. Por un lado, el gobierno y la mayoría de las viejas dirigencias sindicales que han comenzado lo que el Presidente Horacio Cartes denomina Mesa de diálogo, a la que los representantes de los trabajadores han llegado muy estimulados pero con planteos inconducentes y sin el mínimo pudor de reclamar que sean excarcelados más de cien presos políticos, entre los cuales hay cinco campesinos en huelga de hambre desde el 14 de febrero, sin que las autoridades expresen la más elemental atención, dando la impresión que poco les importa su muerte.

En la vereda de enfrente, se agita una sostenida movilización de miles de familias de labriegos, entre ellos pequeños y medianos productores junto con los sin tierra, con algo de un millón de despojados por el latifundio, ajetreo que encabeza la Federación Nacional Campesina, con la que se identifica cada día más la militancia urbana y las fuerzas emergentes que surgen en todo el país, preocupando a los poderosos, lo cual alimenta un clima de creciente crispación social, que puede arrojar efectos imprevisibles.

La puja está planteada entre quienes quieren capitalizar la victoria popular que registró la huelga general. El gobierno expresa fisuras de diversos tipos, con una conducta de Cartes cada día más contradictoria, y el campo popular se muestra una vez más dividido entre la burocracia sindical y las fuerzas que militan con propuestas renovadoras.

Es evidente que la acefalia de conducción política de la creciente voluntad de cambios, que expresa la mayoría de los paraguayos, es el gran problema nacional, incentivado por el enfrentamiento de los intereses de clases que van en aumento, un fenómeno nada autóctono, pero que se arrastra desde hace varios años como barco a la deriva.