Juan Carlos Ramírez Montalbetti: “Las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado paraguayo”
El presidente interino del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, ratificó hoy que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado paraguayo. “Resulta claro que se trata de tierras que son públicas, son nuestras” declaró. “Por lo tanto, no se debió entablar juicios sobre la propiedad. Al ser el Estado el dueño de un inmueble, nadie puede plantear un juicio de usucapión, pues los derechos del Estado no prescriben; se trata de un principio universal”
La posición del Indert contrasta con la del Ministerio Público que sustenta su acusación contra los detenidos por la Masacre en el supuesto de que ocupaban esa tierra de manera ilegal.
El también ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) explicó, asimismo, que el litigio judicial iniciado por la firma Campos Morombi SA, una de las partes ocupantes del inmueble, se halla actualmente en la Corte Suprema de Justicia “donde se sustancia un recurso de inconstitucionalidad presentado por la empresa”.
“Como Indert, ya hemos respondido la inconstitucionalidad. Ahora el fiscal general debe dar su dictamen, y creemos que será en el mismo sentido del Indert, es decir que la propiedad es del Estado”
“Una vez que haya culminado el proceso judicial podremos avanzar en la regularización de las tierras”, resumió.
Sobre el proceso de regularización, apuntó que desde el Estado se buscará hacerlo “lo más rápido posible” para llevar “tranquilidad a una zona donde se ha derramado sangre de compatriotas”.
Reiteró que “el Estado va a insistir para que la justicia se expida lo antes posible sobre el caso de Marina Cue”.
Contexto
Situadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, las tierras de Marina Cue fueron donadas al Estado paraguayo en 1967. Hace casi un año, el 15 de junio de 2012, se convirtieron en escenario trágico, con el asesinato de 11 campesinos y 6 policías, durante un operativo de desalojo encabezado por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Este episodio motivó el juicio político que puso fin al gobierno del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
