En ese saludable movimiento de piezas, se expresa una fuerte voluntad ciudadana de cambios en la política, la economía y la cultura del país, con remarcable intervención de diversos actores sin partido, obreros sin sindicatos, estudiantes universitarios sin ninguna organización sectorial sólida, militantes independientes, activistas del ambiente artístico y, lo más novedoso y prometedor, una participación campesina con mucha autonomía.

Las centrales sindicales, con notoria vacilación de la Central Nacional de Trabajadores, más las organizaciones de labriegos, en particular la Federación Nacional Campesina, y sindicatos independientes, encabezan los preparativos, en los que juega un papel influyente la Campaña Ñamoseke Monsanto (echemos a Monsanto), un colectivo novedoso y muy activo, integrado por varias vertientes de origen diverso, que registra adhesiones múltiples alusivas a una aproximación unitaria más allá de la huelga.

La política antipopular del gobierno de Horacio Cartes y el Partido Colorado, es el acicate, a tal punto que un diálogo pacificador va alejando en las filas opositoras las fuertes discusiones y polémicas que ha generado siempre la limitante reivindicación salarial y de mejores condiciones laborales, refugio de una dirigencia estigmatizada por el egoísmo de grupúsculos, el individualismo caciquesco y la mediocre capacitación conceptual y metodológica.

Los gobernantes fingen estar en el limbo, aplicando medidas que algunos medios interpretan como provocativas, producto de la impunidad que gozan las autoridades de los tres poderes del Estado, y otros la califican de insensible frente a los graves problemas sociales, profundizados por la alta carestía, el vaciamiento de medicamentos e instrumental de los hospitales y el caótico presente de las escuelas públicas, muchas con paredes y techos caídos y sin muebles, en medio de un PIB del 15 por ciento, con ventas de soja y carne al extranjero que reportaron 300 millones de dólares en enero y febrero.

Entre los seis millones de habitantes del país, apenas hay dos que viven confortablemente. En los otros cuatro se registra uno de nivel medio, y en los tres restantes son mayoría las personas en situación de extrema pobreza, en una afrentosa exclusión cuyas primeras víctimas son familias indígenas y campesinas desplazadas de sus territorios por la invasión impetuosa de los sembradíos de la contaminante soja transgénica y la ganadería.

El Ejecutivo y los gremios patronales, de los cereales, carnes e industria, ejercen desde hace días fuerte presión sobre el parlamento para que apruebe un proyecto de aumento del impuesto inmobiliario, fijando la evaluación según la cotización del mercado, ejercicio secuestrado por una pequeña rosca de empresarios, con predominio de Aldo Zucolillo, la mayor fortuna del país y dueño del diario ABC-Color. Si prospera ese proyecto, las primeras víctimas serán los propietarios pobres que no soportarán la presión tributaria y se verán obligados a vender sus tierras o viviendas.

Por lo menos desde hace década y media, ese señor, con su cotidiano, ejerce una decisiva influencia en la opinión pública y, funcionando como el partido de la ultraderecha paraguaya, viene marcando la agenda a los sucesivos gobiernos en la economía como en las relaciones internacionales, con grosera incondicionalidad a Estados Unidos, haciendo de punta de lanza en la repudiable campaña desestabilizadora que dirige Washington contra todas las expresiones progresistas y democráticas de la región.

A poco de asumir, el pasado 15 de agosto, Cartes vetó un proyecto de ley para gravar la agro-exportación, en particular los granos en estado natural, la soja en especial, generalizó además el cobro del IVA a los pequeños productores y decretó devolver el Impuesto de Valor Agregado a los exportadores de ciertos productos, en una transa que fuerza al Fisco a pagar millonarias sumas a las corporaciones transnacionales del agronegocio.

Ese sector abonó en el 2013 apenas 15 millones de dólares, el 0,4 por ciento del total de la recaudación impositiva nacional, en una zafra de esa oleaginosa que produjo 10 mil toneladas, según la publicación “5 Días”, reportando 5.100 millones de dólares, cuyos poseedores, en complicidad con las autoridades del Estado, se especializan en eludir cualquier tipo de inversión en planes de desarrollo social.

En cambio, el IVA, que pagan hasta los más humildes, aseguró el 55 por ciento de la recaudación fiscal, que se completó con el 20 por ciento del impuesto a la renta, y 15 puntos de impuesto selectivo al consumo y 10 a las tasas aduaneras.

En cuanto a insensibilidad frente a los problemas sociales y represión de las protestas populares, Cartes recuerda métodos aplicados durante los 35 años de la tiranía del General Alfredo Stroessner (1954/89), se comenta en medio del ajetreo de la preparación de la huelga general, donde se denuncia la indiferencia del gobierno por la huelga de hambre que desde el 14 de febrero llevan cinco campesinos presos, sin ninguna atención médica por parte de las autoridades nacionales.

La Conferencia Episcopal reaccionó la pasada semana y envió un emisario a conversar con los huelguistas, rompiendo el largo silencio que mantuvo desde el 15 de junio del 2012, cuando se produjo el asesinato de 11 campesinos y seis policías en un campo fiscal de 1.800 hectáreas ocupado ilegalmente por un poderoso empresario y dirigente colorado. Desde entonces, hay más de cien campesinos presos, sin condena.

Ese incidente, una encerrona planificada, fue el prólogo para dar el Golpe de Estado de la semana siguiente, que terminó con el gobierno democrático de Fernando Lugo, en una operación política que torpemente encabezó el Partido Liberal, logrando una victoria pírrica que coronó con una corrupta gestión, y facilitó el retorno de los colorados al gobierno, el que habían perdido en el 2008, tras seis décadas de poder absoluto.