Personalidades e intelectuales del mundo se pronuncian sobre proceso judicial por Masacre
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Piedad Córdoba, ex senadora y mediadora en los diálogos de paz en Colombia; Atilio Borón, Sociólogo y Polítologo, Ex Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoameticano de Ciencias Sociales (CLACSO), Premio José Martí 2009 otorgado por la UNESCO, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Dr. Jorge Beinstein, Profesor Emérito y Director del Centro Internacional de Información Estratégica y Prospectiva (CIIEP) de la Universidad Nacional de La Plata; Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Socorro Gomes, Presidenta del Consejo Mundial de la Paz; Diana Urrea, Diputada del País Vasco; Raúl Carrión, Diputado Estadual de Rio Grande do Sul, Brasil; José Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Marcela Bordenave, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (COPPPAL); Andrea Vlahusic, abogada y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Sonia Winer, Politóloga UBA/ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) son algunas de las personalidades del mundo intelectual y académico que firman la siguiente carta sobre la situación de los detenidos por la Masacre de Curuguaty y que obliga al Ministerio Público y el Poder Judicial a respetar el debido proceso de la causa.
Al poder ejecutivo, legislativo y judicial de Paraguay sobre el caso Curuguaty:
El 15 de junio pasado, un comando de 324 policías armados realizó un ilegal desalojo en las tierras públicas de Marina Kue, departamento de Canindeyú, que en ese momento se hallaban ocupadas por campesinos y campesinas que reivindican la tierra. Como resultado de la acción, perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías.
Esta masacre, fue el alegato principal del Poder Legislativo para la farsa de Juicio Político que se desarrolló días después, entre el 21 y 22 de junio del 2012, concluyendo con la destitución del Presidente Constitucional de la República y significando la ruptura del orden democrático interno y la sanción a Paraguay por parte de organismo multilaterales como la UNASUR y el MERCOSUR.
Es fundamental entender que las tierras en cuestión son propiedad del Estado Paraguayo y se encuentran actualmente usurpadas por la empresa “Campos Morombi” de la familia del recientemente fallecido político colorado Blas N. Riquelme. Estas 2000 has. pertenecían a la empresa LIPSA S.A. y fueron donadas al estado paraguayo en 1967, donación que fue aceptada por Decreto Nº 29.366 de 6 de septiembre del mismo año. Actualmente la empresa Campos Morombi arrienda las tierras públicas usurpadas a empresarios brasileños para el cultivo de soja. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia definir el litigio por las tierras de Marina Kué entre el Estado Paraguayo y la empresa de la familia Riquelme.
El Poder Judicial abrió una investigación claramente parcial y viciada de nulidad cuyo único objetivo es incriminar a los campesinos y las campesinas por los delitos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Producto de este proceso judicial hoy se encuentran privadas de libertad o con arresto domiciliario: Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina, además de una adolescente.
El Fiscal de la causa, Jalil Rachid (amigo y pariente político de la familia Riquelme) no ha aportado elementos probatorios que justifiquen su acusación, sin embargo ha recibido innumerables elementos probatorios y denuncias sobre hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía que no han sido investigados.
Actualmente, víctimas y familiares de la “Masacre de Curuguaty” aguardan la realización de la Audiencia Preliminar para el 3, 4 y 5 de junio, que podrá significar la libertad de los acusados o la elevación de la causa a Juicio.
En marzo de este año, la CIDH se expidió sobre el caso señalando:
“El Comité está preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguaty en junio del 2012. En particular, el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados (art. 6, 7, 14).
El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso, incluyendo en el caso del adolescente condenado y de las dos mujeres en estado avanzado de embarazo en prisión preventiva.”
Como luchadores y luchadoras por los Derechos Humanos, manifestamos nuestra gran preocupación por todos los hechos mencionados y exigimos la inmediata liberación de todos los acusados, a quienes consideramos presos políticos.
Exigimos también la restitución de las tierras públicas de Marina Kue al Estado paraguayo, y que éste disponga de las mismas para la instalación de un asentamiento campesino. Creemos que la reparación a las víctimas y sus familiares por la masacre ocurrida en junio pasado debe darse en el marco de una investigación imparcial que apunte a esclarecer los hechos y castigar a sus responsables.
Junio de 2013
