En una declaración conjunta, la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia (Paraguay) y la Liga Argentina por los DDHH, expresaron su “preocupación sobre la situación de Carmen Elizabeth, al no contar con ninguna información oficial sobre la misma, al mismo tiempo de estar recibiendo información desde sus familiares desde la argentina sobre la desaparición de los lugares que frecuentaba“.

Solicitaron además al Estado paraguayo “realizar todas las acciones de su competencia para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido y la adopción de medidas que reviertan el cada vez más grave retroceso en materia de garantías básicas de derechos fundamentales“.

El Partido Comunista Paraguayo, en un comunicado difundido esta tarde, señaló que “el historial terrorista, infanticida y corrupto de las FTC obliga a pensar que tal como señalan abogados y abogadas de la familia Villalba, la niña de 14 años podría estar en este mismo momento capturada por agentes Estatales de manera irregular, lo que configuraría claramente el crimen de Desaparición Forzosa“.

Remarcan que “el Estado paraguayo y en particular este gobierno infanticida, ha dado reiteradas muestras de su desprecio absoluto por las niñas hijas o familiares de miembros del EPP, sobre quienes ha descargado todo tipo de violencia, incluída la armada“, y responsabilizan “al Estado y al gobierno de Mario Abdo Benítez, por la vida de Carmen Elizabeth y sus familiares residentes en Paraguay y Argentina”.

Desde la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pidieron “a los organismos nacionales e internacionales solidaridad con el pueblo paraguayo, denunciemos en toda Nuestra América que el Estado paraguayo violenta los derechos de las y los niños, persigue a las y los luchadores y sus familias”.

#EranNiñas

El próximo 2 de enero se cumplirán cuatro meses del operativo en el que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) atacaron una zona boscosa dentro de una estancia ubicada en el distrito de Yby Yaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay. La acción armada fue consecuencia de un “operativo de inteligencia de más de ocho meses”, según informaron, posteriormente, voceros de la FTC.

El operativo no contó con el equipamiento necesario para documentar el procedimiento y finalizó con el asesinato de dos niñas de 11 años, y con una serie de graves irregularidades antes, durante y después de la ejecución de las menores. Las pequeñas fueron presentadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez y los principales medios de comunicación como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento cuyo resultado fue exitoso”. La hoy desparecida fue herida en el talón pero logró escapar de las balas. Fue asistida por su tía, Laura Villalba, con que permaneció escondida en el monte hasta la fecha de su desaparición.