“No venderé un ladrillo del Estado”, ha dicho. Y es cierto. Hará algo peor. La Ley N° 5.102/2013 le habilita a ENTREGAR a un privado todo el patrimonio público nacional –inclusive la parte paraguaya de las binacionales-- en forma gratuita por 30 años, extensibles a 40, y haciéndole correr todos los riesgos al Estado. Defensores de esta política de saqueo dicen que no creen que Cartes utilizará las prerrogativas que le da la ley para saquear el patrimonio público, incluso en provecho propio o de sus amigos. Como diría un abogado, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Hasta los defensores de la Ley de APP reconocen que la misma se presta a un abierto y descomunal saqueo del patrimonio público, si bien cifran todas sus esperanzas en la “honestidad” e “integridad” de Cartes. Su historial no permite, precisamente, quitar esta conclusión y, además, en un régimen democrático no se presume –como en la monarquía-- que el rey nunca podrá equivocarse, sino que debe haber un equilibrio de poderes, que es lo que justamente rompió la ley de APP.

En consecuencia, ya sabemos lo que significa el denominado “nuevo rumbo” para todo el patrimonio público y, en especial, para el sector energético e hidroeléctrico. En todo el sector público, y en el energético en particular, el “nuevo rumbo” es concretar negocios para los privados a costa del patrimonio público. La cuestión no es mantener ni mucho menos acrecentar la soberanía.

Es por este motivo que a Cartes no le interesa un informe como el de Jeffrey Sachs, que demuestra que la deuda de Itaipú está en gran medida pagada y que hoy al Paraguay le correspondería, a precios de mercado, unos 700 millones de dólares/año más por la cesión de su energía. Tampoco se aprecia ningún interés en plantear la integración energética –base de la defensa de la soberanía, pues podremos vender nuestra energía hidroeléctrica a precios de mercado-- y el futuro de Yacyretá se encara bajo una óptica similar, de continuidad de obras (Aña Cua, nuevas unidades, Corpus), antes que insistir en la venta de nuestra energía a precios de mercado y en la reducción de la deuda a un nivel cercano a cero, como corresponde según el Anexo C, próximo a vencer (marzo 2014).

Para recuperar la línea de defensa de la soberanía en Itaipú hay que simplemente exigir que se cumpla el importante avance que se acordó con el Brasil el 25 de julio del 2009 y progresar en el mismo sentido. En este acuerdo se establece que el Paraguay, a través de la ANDE, puede vender su energía de Itaipú al Brasil a precios de mercado (y obtener, así, los más de 700 millones US$/año que indica Sachs), “a la brevedad posible”. Como el acuerdo tiene casi 5 años, el Brasil no debería poner objeción alguna a que en el 2014 se concrete este importante paso que significará un significativo ingreso adicional, que quizás haga innecesaria la Ley de APP, pues se tendrán los fondos que ahora se dice que no hay (en realidad, falta una mejor administración de lo mucho que ya se tiene). El acuerdo del 2009 prevé también realizar las obras de navegación en Itaipú y la auditoría de la deuda de Itaipú por la Contraloría –cuyo dictamen establece que fue “ilegal” fijar tarifas por debajo del costo--, con lo que el Paraguay podría tener otros 1.000 millones US$/año más, a la misma tarifa actual (pues Itaipú paga más de 2.000 millones US$/año como servicio de la deuda, que debería ser cero). Además, el acuerdo del 25 de julio del 2009 establece que el Paraguay podría vender su energía a terceros países desde el 2023 (faltan apenas 9 años) en un marco de integración energética, lo que cabría negociar para adelantar tal fecha, sobre todo si la deuda binacional ya es cero.

En el caso de Yacyretá, su mismo tratado establece que la Argentina goza apenas de la “preferencia” de adquisición de la energía paraguaya, no la exclusividad. Corresponde exigir el cumplimiento de esta cláusula, de tal forma a vender a terceros países, o bien a la Argentina, a precio de mercado, como ya lo hace Uruguay. La deuda, además, debería ser cero cuando termine la vigencia del Anexo C en marzo de este año. Es cierto que hubo atrasos desde que se firmó el tratado, pero los mismos fueron responsabilidad principalmente –si no exclusivamente-- de la Argentina. Finalmente, una hidroeléctrica des-endeudada le conviene a ambas partes. La soberanía hidroeléctrica y la más plena equidad deberían ser la base para progresar en Aña Cua, más unidades en Yacyretá y construir Corpus, e incluso una presa de compensación (y generación eléctrica) en Itatí Itá Corá (mejor que en Itá Yvaté).

En materia de petróleo, antes que seguir confiando en empresas extranjeras –que fracasaron en su intento de encontrar hidrocarburos durante 70 años-- habría que darle un rol protagónico a PETROPAR, en alianza con empresas estatales del Mercosur (PDVSA, PETROBRAS, YPF, YPFB).