La iniciativa promovida desde el gobierno de Cartes pretende congelar el impuesto a la renta por plazos de hasta 20 años y eliminar las tasas para repatriación de capitales de tal forma que las empresas remesen hasta el 100% de sus ganancias sin tributar nada en el país.

En su argumentación del rechazo los legisladores del FG resaltaron las diferencias del modelo de desarrollo que se tiene con el gobierno de Cartes. Subrayaron que el foco de la cuestión no es sobre la inversión, sino sobre qué tipo de inversión se recibe en función del desarrollo para nuestro país.

El líder de la bancada del Frente Guasu, Hugo Richer calificó el proyecto de “colonialista” y afirmó que con este tipo de iniciativas no se atraerían inversiones serias. Cuestionó que, además del congelamiento del impuesto a la renta durante 20 años para inversiones que pretendan instalarse en el país, este proyecto puede ser extendido a las inversiones ya radicadas, como el sector sojero. De esta forma todas las empresas que ya operan en el país podrían llevar el 100% de las ganancias sin dejar ningún tipo de reinversión.

“Vinieron y explotaron todos nuestros recursos naturales, se llevaron las ganancias y nosotros nos quedamos con la pobreza, y muchas veces más pobres de lo que ya estábamos”, enfatizó.

En otra intervención, el Senador Carlos Filizzola señaló que esta norma cierra un paquete de medidas que pretenden rematar nuestros bienes públicos y que complementa la Ley llamada de “Alianza Público-Privada” (APP), a la que calificó de inconstitucional. Dijo que se repite el mismo sesgo ideológico de mantener un statu quo que privilegia a una minoría.

“Se busca privilegiar a empresas golondrina que vengan a ganar dinero para irse luego sin invertir nada y el país queda con gente cada vez más pobre. Si hay un litigio van a ir a EE.UU. y sabemos quién va a ganar”, señaló Filizzola también en referencia a la figura del arbitraje que establece la ley, ya que además de los tribunales nacionales cualquiera de las partes puede llevar un eventual diferendo a un árbitro internacional, donde las empresas siempre ganan las demandas contra el Estado.

El proyecto rechazado es ahora devuelto para su tratamiento en la Cámara de Diputados.