La medida cautelar es por la “la suspensión del juicio hasta que se determine la propiedad de las tierras” indicó a Radio Ñanduti, ya que en caso de que los acusados sean encontrados culpables del delito de invasión de inmueble ajeno por el que están acusados y posteriormente se determina que las tierras son públicas, podría causarles un “daño irreparable” a los hoy detenidos.

“Entonces la CIDH tiene que resolver en estos días como mucho en esta semana, sobre si insta al Estado Paraguayo a suspender el juicio hasta tanto se determine la propiedad” señaló Martínez Jiménez.

Explicó además que están en juego los derechos de la vida y la libertad de los procesados, con el agravante de que algunos de ellos llevan adelante una prolongada huelga de hambre, por lo que se torna urgente el estudio de la petición para el organismo internacional.

“Lo que esperamos es que se presenten masivamente todas las organizaciones internacionales como nacionales que siguen el tema” para que juntos puedan abogar ante la CIDH por una pronunciación en breve sobre la medida cautelar.

El otro pedido adjuntado en la nota ante la corte, es una denuncia contra el Estado Paraguayo, por la violación de dos derechos, “a las garantías procesales, por las sistemáticas violaciones al proceso cometidos por el fiscal Jalil Rachid; y por otro lado el derecho a la protección judicial, porque se han presentados recurrentes denuncias en torno a posibles denuncias de posibles desapariciones forzadas, torturas”.

En el escrito presentado se cita jurisprudencia sobre casos donde la justicia paraguaya aceptó resoluciones de la CIDH.

Según adelantó Jiménez, de dictaminarse una cautelar, los detenidos hoy en huelga levantarían la medida.