Con respecto a la decisión de interpelarlo, por parte de la cámara baja, dijo que está “contento de que me den la oportunidad de presentar las documentaciones y exponer las argumentaciones que me llevaron a pagar por estas tierras (Cordillera)”. Siguió diciendo que la interpelación “será la instancia en donde se discutirá la responsabilidad política de esto que me compete como responsable de la institución”, refirió.

Ratificó que el proceso de compra de tierras en Cordillera se realizó en el marco de la legalidad y “se actuó con responsabilidad, con presupuesto establecido para el efecto, teniendo en cuenta a los años que lleva tramitándose ese expediente en el Instituto, por lo que estamos muy seguros de la legalidad de nuestra acción”. Informó que “se va aprovechar cada hectárea” del inmueble adquirido, donde existe una comunidad arraigada, que alberga a unas 500 familias rurales que solicitaron la regularización de sus ocupaciones, informó.

Explicó que se dio trámite al expediente de las tierras en cuestión “fundamentalmente por el hecho de que explícitamente en el presupuesto 2012 se estableció que se regularicen éstas tierras y no otras en el departamento de Cordillera, con nombre y apellido y número de finca (establecidos)”. Siguió declarando que en el presente año 2013 “por unanimidad de votos de ambas cámaras se establece que el 70 por ciento de la partida presupuestaria destinada al INDERT sea utilizada para expedientes de esta naturaleza (regularización de tierras)” sostuvo.

Cuestión electoral

Siguió diciendo que las acusaciones en contra de su administración se deben al momento electoral actual. “El tema de la tierra es una cuestión delicada y existen sectores molestos que no toleran que tengamos éxito en esta institución”.

“Sin precedentes estamos teniendo un nivel importante de tranquilidad en el campo. En este momento no tenemos un mar de invasiones, excepto unos pocos problemas muy focalizados”, refirió.

Con respecto a la tasación de las tierras, sostuvo que es responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Departamento de Avalúo. En esa línea, sostuvo que la tasación de las tierras a 10 millones de guaraníes la hectárea “está por debajo del promedio en el departamento de Cordillera” finalizó.

Es importante recordar que a principios de abril Ortigoza, salió al paso de las denuncias publicadas en algunos medios de comunicación, acerca del supuesto pago irregular de unas 5.700 hectáreas en el lugar denominado Cabrera Cue, ubicado en el departamento de Cordillera, asegurando la legalidad de la compra y que las denuncias en su contra se tratan de una “campaña electoralista”.

En los días siguientes, remitió las documentaciones referentes al expediente del caso a las instituciones competentes, a fin de respaldar la legalidad de la adquisición de las tierras en cuestión. Finalmente en la sesión de ayer miércoles, la cámara de Diputados aprobó con 42 votos a favor, incluidos varios liberales, el pedido de interpelación del presidente del INDERT Luis Ortigoza, por la compra de tierras a la empresa San Agustín.

Ortigoza y su junta consultiva fueron imputados este viernes por Lesión de Confianza por la fiscala Victoria Acuña.