Los acusados podrían enfrentar una pena de hasta prisión perpetua por este delito. Báez Sosa, un joven estudiante de derecho, murió en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida de un local bailable de la ciudad balnearia de Villa Gesell, ubicada a 380 kilómetros de Buenos Aires. El joven murió como consecuencia del ataque a golpes de puño y patadas que recibió por parte de una banda de varios jugadores de rugby.

Según la autopsia, el joven murió de un “traumatismo de cráneo”. “Mucha golpiza le dieron'', dijo la mamá de la víctima, Graciela Sosa, tras la muerte del joven. "Lo golpearon hasta no dar más con él, hasta que lo mataron”. Cabe aclarar que, los padres de Fernando Báez Sosa, son oriundos del Paraguay.

Durante el juicio, hubo un nuevo revés para el abogado Hugo Tomei: su segundo planteo fue rechazado por unanimidad tras media hora de deliberación. “Debemos decir que habiendo escuchado lo que dijeron el particular damnificado y la fiscalía efectuaron un relato en el que se explayaron de manera clara precisa y en un lenguaje comprensible para todos los que nos encontramos en esta sala”, dijo la presidenta del tribunal.

Después de un cuarto intermedio de una hora y diez minutos de duración, el Tribunal Oral Criminal número 1 rechazó el pedido de Hugo Tomei por unanimidad. Los jueces confirmaron que no se va a hacer lugar a la suspensión del debate.

Entonces, el abogado de los ocho acusados contraatacó y anunció un segundo planteo. Afirmó que si no se sabe qué delito se le imputa a cada uno no se los puede defender. “Qué significa distribuir roles, cuándo se distribuyeron los roles”, pregunta. Y sigue: “Lo traigo a colación porque el particular damnificado nos agregó ciertas características que no están en la línea de la fiscalía y entonces tengo el derecho de pedir una unificación. Hablar de emboscada, de exterminar, son términos valorativos. No entiendo a qué se refiere”. Dice que el caso no tiene acusaciones subsidiarias y pide la reestructuración del proceso para definir la defensa. “Si no conozco de qué se tiene que defender cada uno de ellos no puedo hacer mi trabajo”, sigue.

La presidenta del TOC intentó mediar en la escaramuza: “No vamos a hacer de esto un ida y vuelta. La función del TOC número 1 es que todos tengan un juicio justo y que los padres de la víctima tengan un juicio justo. Por los planteos y contestaciones empiezo a entender que nos vamos de lo sustancial del debate. De lo contrario se va a hacer eterno. Lo que les pido a las partes es que cuando se les da la palabra es para que se expidan por la incidencia”.

Hechos

La pelea habría iniciado en el interior de un local bailable en Villa Gesell, del que fueron sacados los atacantes por la seguridad del establecimiento, según relato de la Televisión Pública Argentina. Ya fuera del lugar, Báez Sosa habría dado por terminado el incidente, pero 15 minutos después, el grupo atacó al joven a patadas y puños, dejándolo gravemente herido.

Medios locales, citados por Reuters, informaron que los agresores se unieron para atacar a Báez Sosa a pesar de que estaba gravemente herido en el suelo.

La mamá de Báez Sosa, Graciela Sosa, dijo que se enteró de los hechos a través de una llamada telefónica en la que le informaron que su hijo fue llevado en una ambulancia al hospital.

"Pensaba que iba a cuidarlo, pero no. No fue así", relató Sosa sobre cómo se enteró que su hijo murió. "Fue el día más terrible de mi vida", dijo entre llanto la mujer.

"Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía cuando me levanto y miro su cama tendida, está esperando, y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron", dijo Sosa un mes después de la muerte de su hijo en una manifestación pública en Buenos Aires.

En principio, 11 jóvenes de entre 18 y 20 años fueron detenidos tras el crimen. En un primer momento solo dos de los imputados fueron acusados de ser los autores materiales del homicidio de Báez Sosa, sin embargo el fiscal general de Dolores le confirmó que un mes después del crimen, la acusación fue ampliada para que los ocho detenidos tuvieran esa acusación.

El 23 de enero de 2020, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, para demandar justicia en el caso. En las semanas y meses siguientes, tres de los once acusados fueron sobreseídos del caso, quedando solo los ocho procesados actuales bajo la lupa de las autoridades.

La justicia dictó prisión preventiva para los ocho acusados el 14 de febrero de 2020. Desde entonces, han estado privados de su libertad en la Alcaldía 3 de Melchor Romero. Para el juicio se prevé que sean trasladados al Servicio Penitenciario de Dolores, en la provincia de Buenos Aires.