La evidencia surgió cuando Soares, en calidad de testigo, entregó sus teléfonos para peritaje en la causa contra Ferreiro. Estas comunicaciones, que abarcan desde agosto de 2019 hasta enero de 2021, detallan cómo Soares y Benítez intercambiaban documentos confidenciales y estrategias políticas.

Según el abogado Guillermo Ferreiro, defensor del ex intendente, los mensajes demuestran que Benítez actuó con “pasión” para montar una causa sin fundamento, siguiendo instrucciones de Soares, quien orquestaba los pasos a seguir.

En este contexto, Ferreiro señaló que la Contraloría, bajo el mando de Benítez, presentó seis denuncias penales contra el ex intendente, calificadas como “ridículas” por su falta de sustento.

Ninguna prosperó, pero la presión llevó a Mario Ferreiro a renunciar en diciembre de 2019, dejando el cargo a Óscar “Nenecho” Rodríguez. Los chats revelan que Soares expresó incomodidad porque Rodríguez, vinculado a las mismas maniobras, asumiera la intendencia, evidenciando las contradicciones en la red de influencias.

Las conversaciones también exponen cómo Benítez compartía información privilegiada con Soares. En agosto de 2019, el contralor le envió documentos sobre presuntas irregularidades en licitaciones municipales, instándolo a acelerar denuncias a través de terceros.

“Le preparamos una nota a Gladys para que presente acá”, escribió Benítez, mientras Soares respondía pidiendo más “tips” para involucrar a otros actores. Esta dinámica se intensificó en septiembre, cuando discutieron un informe de la Contraloría que cuestionaba contrataciones en la Municipalidad y el IPS, amplificado por Soares en su programa radial.

Para octubre de 2019, Benítez informó a Soares sobre un dictamen de licitaciones en trámite, prometiendo avances rápidos. En diciembre, Soares anticipó un allanamiento a la Municipalidad, compartiendo bajo “fe de juramento” una orden judicial relacionada con supuesta corrupción en la gestión de Ferreiro.

“Ya tenemos fiscal caso Muni y estamos trabajando muuuuy bien”, escribió Soares, confirmando la colaboración con la fiscalía. Ese mismo mes, la Contraloría auditó la administración de Ferreiro, y Gladys Fernández, alta funcionaria de la CGR, justificó la medida como planificada, aunque las denuncias posteriores fueron desestimadas.

La imputación de Ferreiro en enero de 2020 por coacción y tráfico de influencias, impulsada por la fiscala Stella Mary Cano, fue celebrada por Soares y Benítez. Sin embargo, en 2022, el juez José Delmás desestimó las acusaciones, confirmando que no hubo perjuicio patrimonial ni hecho punible.

La absolución de Ferreiro dejó al descubierto un montaje político, respaldado por chats que también involucran a figuras como Horacio Cartes, Daniel Centurión y Arnaldo Samaniego, todos denunciados por el ex intendente.

Estas revelaciones, que incluyen referencias a los problemas legales de Soares, como el caso “coquitos de oro”, subrayan un uso indebido del poder para perseguir adversarios políticos, dejando un precedente preocupante en la gestión pública.