Bajo la lupa del juez Humberto Otazú, el caso expone la desfachatez de un exlegislador que, lejos de respetar las normas, optó por desafiarlas. Kueider, en un intento débil por justificarse, afirmó que el dinero pertenecía a Guinsel Costa y que su presencia en Paraguay respondía a una “reunión de negocios”.

Los fiscales Édgar Benítez y Gabriel Segovia, sin embargo, consideran que hay pruebas sólidas de un delito grave, lo que llevó a la imputación y a la detención de ambos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

Este no es el primer tropiezo de Kueider. En Argentina, ya era investigado por enriquecimiento ilícito en Concordia y por presuntas coimas relacionadas con contratos de la empresa de seguridad Securitas, en una megacausa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La PROCELAC, además, abrió una nueva investigación para esclarecer el origen de los fondos incautados, profundizando las dudas sobre la integridad del exsenador. En Paraguay, las autoridades fueron claras: Kueider no goza de inmunidad y enfrentará un proceso penal que podría extenderse hasta cuatro meses, además de un trámite tributario de al menos 90 días.

El caso sacude la política entrerriana, donde Kueider era un pilar del oficialismo, y pone en evidencia la impunidad con la que algunos políticos operan. Desde Paraguay, este episodio refuerza la urgencia de controles fronterizos más estrictos y de una justicia que no tolere excepciones.