A pesar de estos avances, el titular de Educación enfatizó que aún hay retos por delante. “Estamos contentos, pero no conformes. Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales y, sobre todo, para garantizar que los niños aprendan”, afirmó. Este enfoque busca no solo fortalecer los salarios, sino también elevar la calidad educativa en el país.

Sin embargo, un problema que preocupa al Ministerio es la interrupción de clases por conflictos locales. Ramírez denunció que más de 7.000 horas de enseñanza están paralizadas debido a disputas regionales o familiares. “Hay casos donde denuncias, algunas graves, pero otras por simples peleas entre familiares, afectan el funcionamiento de las escuelas”, explicó.

Por ello, el ministro hizo un llamado al Ministerio Público para agilizar la resolución de estas denuncias. “Tenemos rubros parados en oficinas porque un director o un profesor fue denunciado. Muchas veces, estas situaciones responden a conflictos personales, como el caso de un director y un vicedirector, cuñados, que se pelearon por un cargo”, relató Ramírez.

En ese contexto, el ministro señaló un caso particular: “En una escuela, el director y el vicedirector, que son familiares, se denunciaron mutuamente. Ahora no hay ninguno de los dos en funciones, y el Estado debe pagar sus sueldos mientras se resuelve el caso, además de financiar interinos”.