El caso toma relevancia al remontarse al 27 de abril de 2016, cuando la justicia uruguaya embargó la estancia “El Entrevero”, una propiedad de 152 hectáreas valuada en 14 millones de dólares, ubicada en el kilómetro 170 de la Ruta Nº 10, cerca de Punta del Este.

Adquirida el 4 de marzo de 2011 por el grupo de Báez, parte de esta estancia estaba registrada a nombre de Kobylanski, descendiente del empresario polaco y excónsul honorario Jan Kobylański (1930-2011), quien llegó a Paraguay en 1952 y luego se radicó en Uruguay, donde falleció. La investigación apuntó a la compra de “El Entrevero” como parte de un esquema ilícito para desviar fondos estatales argentinos destinados a obras viales.

Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello, quien en 2016 procesó con prisión preventiva a Báez. En el fallo, se describió cómo los involucrados “a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”.

En Paraguay, el nombre de Kobylanski resuena no solo por su vínculo con este caso, sino también por su rol político. Como suplente número uno de Cruzada Nacional, podría asumir la banca del senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururu, actualmente procesado por invasión de inmuebles y abuso sexual de menores.

Si Esquivel no jura, Kobylanski ocuparía un escaño en el Senado, llevando este escándalo internacional al corazón de la política paraguaya. Documentos judiciales argentinos detallan que Kobylanski participó como vendedor en la transacción de “El Entrevero” hacia testaferros de Báez.

Firmó un contrato de compraventa con la sociedad uruguaya Traline S.A., representada inicialmente por Maximiliano Acosta, quien luego delegó un mandato general a Maximiliano Goff Dávila.

El 22 de junio de 2011, Osvaldo Guthux asumió como presidente de Traline S.A., y el 1 de agosto de ese año, Kobylanski otorgó una carta de pago por el total del precio. Ese mismo día, Traline S.A. cedió la promesa de compraventa a Jumey S.A., representada por Daniel Pérez Gadín, testaferro de Báez, culminando la operación en el departamento de Maldonado.

Según el fallo, “Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Gardin- para aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”.

En marzo de 2023, la Sala de Casación confirmó las condenas de Báez y otros 17 imputados, aunque redujo la pena del empresario de 12 a 10 años de prisión.