De acuerdo con la denuncia presentada, ambos pretenderían apropiarse de unas 95 hectáreas pertenecientes a la compañía Potrero Pucú, donde residen las familias afectadas.

El abogado Ignacio Pane, representante de los denunciantes —Isabel Pastore, Ana Pastore, Lorenzo Segovia, Elvio Segovia Pastore y Derlis Segovia Pastore—, explicó que sus clientes poseen documentos originales de propiedad que datan de 1937. Según indicó, el temor de los vecinos radica en que “el poder político de los funcionarios juegue en contra de sus derechos”.

Los demandantes aseguran que habitan el lugar desde 1974, cuando Juan Pastore adquirió las tierras a Justiniano Ojeda. Sostienen que los funcionarios intentan desplazar a las familias mediante un “título trucho” supuestamente emitido en 1984, con el fin de hacer figurar las parcelas a nombre de la pareja.

Consultado sobre las acusaciones, Villaverde negó que los Pastore y Segovia cuenten con títulos válidos y afirmó que él compró el inmueble en 2023, luego de un juicio de usucapión. “El título tiene más de 44 años. No tenemos espíritu de violencia, solo queremos conservar el inmueble y generar trabajo”, sostuvo.

El funcionario agregó que ofreció a las familias un acuerdo de usufructo vitalicio y hasta la posibilidad de instalar una granja para su sustento, pero que, tras las denuncias, iniciaron el juicio de reivindicación. “Recibimos amenazas de algunos residentes, incluso tenemos grabaciones que fueron entregadas al Juzgado”, aseguró.

Finalmente, Villaverde mencionó un elemento insólito en el conflicto: según dijo, en parte del terreno podría haber oro, lo que, a su entender, explicaría el interés de los pobladores por mantener la ocupación. “Yo no tengo ningún interés en buscarlo, pero la gente dice que hay”, concluyó.