El concejal Humberto Blasco, del PLRA, fue categórico al calificar la decisión como “ilegal e inmoral”. Recordó que la Ley Orgánica Municipal exige aprobar el presupuesto año a año y lamentó que la Junta esté “encadenando” a la próxima administración a lo que describió como una “matriz fallida, presupuestaria, financiera y salarial”.

Cuestionó que la normativa autorice tomar adelantos bancarios equivalentes al treinta por ciento del presupuesto, lo que, según indicó, representa ochenta y un coma nueve millones de dólares que deberían ser devueltos en apenas unos meses.

Los votos favorables provinieron de los concejales cartistas y colorados disidentes, entre ellos Karina Acuña, René Calonga, Miguel Sosa, Mariano Cáceres, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, Juan Carlos Ozorio, Arturo Almirón, Carlos González y Daniel Ortíz.

En contra se pronunciaron Blasco, Álvaro Grau y Paulina Serrano, mientras que varios ediles optaron por la abstención o directamente no asistieron.

Entre las críticas más fuertes estuvo la eliminación de la cuenta de “saldo de bonos”, lo que, según Grau, implica desconocer la reposición de quinientos mil millones de guaraníes destinados originalmente a obras. Blasco sostuvo que esto “consumaría un daño patrimonial” y que dejaría en manos del administrador la continuidad o no de los proyectos financiados con bonos.

Pese a que el propio intendente Bello había negado su interés en vender tierras de la Costanera Norte, el presupuesto aprobado sigue contemplando ingresos por una eventual subasta.

Para Blasco, una administración de transición no puede decidir sobre bienes estratégicos, alertando que “no se puede vender las joyas de la abuela para pagar la timba de los nietos”.

La aprobación coincide con la intención de la comuna de recurrir a nuevos préstamos, tal como reconoció el director de Administración y Finanzas, Hugo Martínez.

Señaló que la Municipalidad ya inició trámites con bancos locales para cubrir “compromisos pendientes” y recordó que la gestión anterior dejó deudas millonarias con entidades financieras, la Caja Municipal, Afuma y obligaciones vinculadas a bonos cuyo pago sigue pendiente.