Jiménez Rolón lamentó el prolongado silencio institucional y reconoció que “el silencio alimenta cualquier tipo de imaginación”. Aseguró que la reunión habría sido solicitada por “algunos ministros” para destrabar recursos y plantear necesidades edilicias, señalando obras pendientes en Central y Concepción.

Carolina Llanes habló del “plan de caja” y César Garay de los juzgados del Chaco Boreal. Nada dijo sobre la supuesta presencia de Horacio Cartes.

Pero el relato oficial tambaleó cuando Alberto Martínez Simón admitió que Peña aprovechó la ocasión para pedir la atención de un trámite vinculado al Viceministerio de Industria y a la Cipam.

Ese pedido fue resuelto al día siguiente mediante la resolución Nro. 1934, que suspendió efectos administrativos hasta febrero de 2026. La rapidez con que se atendió el requerimiento reforzó las sospechas de un trato preferencial.

A la par, quedó expuesta la exclusión de los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos. Este último recordó que lleva 20 años como ordenador de gastos y que “hubiera participado con mucho gusto” de haber sido informado.

Señaló que ni conocía la reunión ni los temas abordados, pese a ser responsable de una circunscripción judicial que también precisa recursos.

La propia ausencia de toda referencia al encuentro en la página oficial de la Corte terminó de tensar el ambiente, obligando a César Diésel a dar explicaciones sobre el ninguneo a sus colegas.