El senador colorado Mario Varela fue de los primeros en mostrarse inquieto con la iniciativa impulsada por el cartismo. Señaló que, lejos de garantizar resguardo real, el documento coloca a periodistas y trabajadores de prensa bajo el tutelaje del Ministerio del Interior.

Para él, esa estructura contradice por completo el espíritu de autonomía que debería guiar cualquier órgano dedicado a proteger la libertad de expresión. “Es un proyecto que adolece del espíritu de autonomía que debe tener un órgano encargado de velar por la libertad de expresión”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles es la creación de una dirección especial que dependería directamente del Ejecutivo. Varela advirtió que este diseño abre la puerta a un conflicto de intereses.

Preguntó qué sucedería si una investigación periodística destapa irregularidades dentro del mismo ministerio encargado de “proteger” a quien denuncia. “¿Cómo se garantiza la protección cuando el órgano de control depende justamente de la institución que podría ser objeto de la denuncia?”, cuestionó.

Recordó además que la prensa cumple un papel histórico de contrapoder frente a abusos del Estado y del crimen organizado. “La libertad de expresión es la herramienta con la que se lucha contra el abuso de poder”, sostuvo, remarcando que cualquier normativa debe reforzar ese rol y no limitarlo.

Varela insistió en que Paraguay tiene la obligación de asegurar un marco que proteja el ejercicio periodístico, especialmente tras la condena internacional por el caso de Santiago Leguizamón.

Pero subrayó que esa garantía no puede construirse sobre un esquema que implique control o subordinación al Ministerio del Interior, calificándolo de “contradicción absoluta”. Añadió que el proyecto deberá ser corregido y consensuado para responder a las necesidades reales del sector.