Barreto recordó que, aunque para el fisco el monto es manejable, para las firmas el impacto es devastador. “Hay muchas empresas que ya están en el límite, muy endeudadas y sin capacidad de sostener esta situación por mucho tiempo más”, señaló, insistiendo en que el Gobierno debe asumir el problema sin más demoras.

Según Capaco, existen más de 200 millones en certificados impagos, cifra que escalaría a 250 millones a fin de año, además de 110 millones en intereses, varios con más de dos años acumulados.

A esto se suma un plan de caja estatal de apenas 20 millones mensuales de dólares, insuficiente frente a los certificados que ingresan por entre 50 y 70 millones de dólares.

El presidente del gremio, José Luis Heisecke, fue directo al afirmar que “está ocurriendo lo que tanto se cuestionó del gobierno anterior”, ya que las obras avanzan sin presupuesto garantizado y las empresas deben endeudarse para cubrir salarios y costos básicos. Varias ya ni acceden a créditos formales y recurren a prestamistas informales.

Aunque existen fondos externos disponibles, la regla fiscal que exige cerrar el año con un déficit de 1,9 por ciento del PIB bloquea los desembolsos, dejando a compañías pequeñas y medianas en “quiebra virtual”.

El gremio plantea impulsar alianzas público-privadas y sincerar contratos para evitar que la brecha entre obras proyectadas y presupuesto disponible siga creciendo.