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Favores judiciales

Tras reunión reservada en Mburuvicha Róga, Peña firmó una ley que devuelve poder territorial a los ministros de la Corte

Como regalo de año nuevo, el Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 7615 que elimina la rotación en circunscripciones judiciales, reavivando la polémica por el encuentro reservado con la Corte. (Dibujo: NOVA)

Como si se tratara de un cierre prolijo de año político, el presidente Santiago Peña promulgó la ley que devuelve a los ministros de la Corte Suprema de Justicia el control permanente de las circunscripciones judiciales.

La firma llegó el 29 de diciembre de 2025 y la publicación se hizo ayer, en pleno feriado nacional, junto a otras siete normas. Todo en silencio y sin sobresaltos oficiales.

La Ley Nro. 7615 modifica el artículo 8 de la Ley Nro. 609/1995 y deroga la Ley Nro. 7058/2023. En términos prácticos, elimina la rotación de ministros al frente de las 18 circunscripciones del país, habilitando que cada uno conserve su territorio judicial sin fecha de vencimiento. Un cambio profundo en la organización interna de la Corte, presentado sin demasiadas explicaciones.

La norma ya había sido sancionada el 9 de diciembre por la Cámara de Diputados, con mayoría cartista y aliados. Desde entonces, en los pasillos políticos se vinculó la iniciativa con la reunión reservada que Peña mantuvo, a inicios de diciembre, con seis de los nueve ministros de la Corte en Mburuvicha Róga. A ese encuentro también se habría sumado el titular de la ANR, Horacio Cartes, presencia que nunca fue desmentida en su momento.

La polémica creció por el secretismo, la selectividad de los invitados y la eventual participación partidaria en un ámbito que debería ser estrictamente institucional. Días después, ya presionado, Peña visitó a la Corte. La convocatoria a la prensa se informó apenas 17 minutos antes y la actividad no figuraba en la agenda oficial.

Ese segundo encuentro, con casi todos los ministros presentes, buscó recomponer la escena. Se habló de presupuesto, se negó la presencia de Cartes y se apeló a la excusa de la Ley de Arbitraje. Pero el gesto ya estaba hecho: el “favor” institucional quedó sellado con una promulgación discreta y oportuna.

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