El proceso, identificado como ID Nro. 474.811, fue tramitado por la vía de la excepción y blindado con el argumento de “seguridad nacional”, una etiqueta cada vez más funcional para evitar miradas incómodas.

El objetivo formal es implementar el sistema API-PNR, destinado al control anticipado de pasajeros en aeropuertos y fronteras, empezando por el Silvio Pettirossi.

Lo llamativo no es solo el monto —G. 154.135 millones— sino el procedimiento. A pesar de tratarse de una licitación internacional, hubo una sola oferta: la de Securiport, enviada por correo electrónico y tomada como base del llamado. Así, quedó descartada cualquier comparación de precios o alternativas tecnológicas para el Estado.

Incluso con la Resolución Nro. 454/2024 de la DNCP que exige tres precios de mercado, un dictamen interno admitió que no se cumplió el requisito por la “especialidad” del sistema. Curiosa especialidad que, casualmente, solo una empresa pudo cubrir.

El contrato, firmado el 17 de diciembre, incluye identificación biométrica multimodal, e-Gates y quioscos de autoservicio. En lo financiero, prevé un anticipo del 20 por ciento (4.402.359 dólares) y 60 pagos mensuales de 366.863 dólares.

Desde Migraciones aseguran que no habrá impacto para los pasajeros y que los fondos provienen de la DINAC. Todo muy prolijo en el papel. Lo que sigue faltando es transparencia: demasiados millones, demasiada urgencia y demasiadas decisiones tomadas a puertas cerradas. Un combo que, como mínimo, merece algo más que silencio oficial.