Cuatro pronunciamientos de observadores internacionales, incluyendo un alto funcionario de la ONU cuestionan graves irregularidades en el accionar de los magistrados Ana María Esquivel del Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, Rogeth Chaparro del Juzgado de Paz de San Roque, Elvira Margarita Franco del Juzgado de Paz de la Recoleta, la agente fiscal Amelia Hortensia Bernal Jara, titular de la Unidad 4 de Lambaré, y el defensor público Fermín Antonio Bogado Domínguez, quién con recursos públicos patrocina a una colega matriculada que presumió un lujoso viaje a Roma en sus redes sociales tras salir del país pese a una orden de captura en su contra, como informó NOVA el pasado 29 de octubre.

Recientemente, REALPOLITIK confirmó una reunión entre Arámbulo y el camarista Dionisio Frutos Serrati, Juez de la Cámara Penal de Apelaciones de San Lorenzo, quien posteriormente dictaminó y ratificó decisiones favorables a la imputada.

Serrati y otros dos camaristas debían resolver sobre un recurso presentado por la letrada Noelia Quintana Shaffer, representante legal de Morás.

Shaffer señaló la invalidez de la caución presentada por la imputada y su defensor para obtener la libertad ambulatoria tras su controvertido viaje al exterior: certificado de cumplimiento tributario vencido, título de un vehículo perteneciente a la abuela paterna de Arámbulo sin autorización escrita ni presencia de la titular, y una caución juratoria sin respaldo material asumida por su madre, Emma Garibaldi Parodi, de nacionalidad uruguaya y propietaria del jardín de infantes Panda School.

Según tres fuentes, a la reunión habría asistido también Silvia Noemí Aquino, esposa del abogado defensor Fermín Bogado, con numerosos antecedentes públicos señalados por La Opinión y Última Hora, además de una investigación en curso ante el JEM (Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados).

Durante la entrevista televisiva, Gómez cuestionó que Arámbulo sea asistida por la Defensa Pública a través de Fermín Bogado, en presunta violación del artículo 60 de la ley 4423/11, dado que existiría solvencia económica acreditada.

NOVA aportó una publicación de Facebook en la que Arámbulo se exhibe viajando en primera clase y alojándose en un establecimiento cuyo valor en Airbnb no desciende de los 150 dólares por noche.

Ante la negativa de los camaristas a aclarar aspectos requeridos por la defensa de Morás, ejercida por la doctora Noelia Quintana Shaffer, el planteo escaló a la Corte Suprema de Justicia, donde actúa como juez preopinante el ministro Luis María Benítez Riera.

Asimismo, se cuestiona el uso de la Ley 1600 sobre violencia doméstica como mecanismo para silenciar al periodista Nicolás Morás y a su abogada, una práctica que vulneraría el derecho constitucional a la defensa.

El primer magistrado interviniente fue Rogerth Chaparro, del Juzgado de Paz de San Roque, quien posteriormente fue recusado luego de interrumpir una audiencia en el momento en que el periodista comenzaba a aportar pruebas, sin que dicha instancia volviera a reanudarse.

Más grave aún, se denuncia que el propio Chaparro habría impulsado luego una nueva denuncia bajo la misma ley 1600 con el objetivo de impedir que la abogada Noelia Quintana Shaffer se refiriera a la causa por hurto incluso en redes sociales, configurando un escándalo de mordaza judicial sin precedentes recientes.

En paralelo, Camila Antonella Arámbulo Garibaldi reactivó sus redes sociales y difundió contenidos menospreciando la labor periodística. En lo que respecta a la orden de restricción dictada contra Morás, quien no se encuentra imputado, REALPOLITIK calificó como escandalosa la actuación previa de la jueza Elvira Margarita Franco, también recusada y denunciada ante Superintendencia del Poder Judicial.

Franco fue multada en 2023 por la Corte Suprema y acumula doce antecedentes disciplinarios por demorar su recusación. La continuidad o el levantamiento de dicha restricción quedó finalmente en manos de la jueza Gloria Machuca, del Juzgado de Paz de Santísima Trinidad.

Desde el plano técnico, el abogado Edgar Joel Gómez Mendieta sostuvo que la utilización de la ley 1600 en el marco de la causa por hurto constituye un abuso del derecho y un caso de mala fe procesal.

Tras su regreso de Europa, Arámbulo promovió una denuncia por desacato contra Morás (causa 10048/25, Unidad Penal número 1 de Asunción), a cargo del fiscal Silvio Rubén Alegre, luego de que el periodista citara públicamente notas periodísticas sobre la orden de captura y su salida irregular del país.

Analistas jurídicos advirtieron que esta maniobra podría revertirse en su contra, ya que una eventual falsedad en las denuncias podría agravar su situación penal conforme al artículo 289 del Código Penal Paraguayo, sumándose a la eventual pena por hurto agravado.

Un apartado central del informe aborda la existencia de posibles redes de influencia, donde aparece reiteradamente el nombre del abogado David Boción Samudio, expareja de Arámbulo y padre de una hija en común. Según REALPOLITIK, Boción habría desplegado esfuerzos constantes para influir en el curso de las causas, pese a no ser parte formal de los expedientes.

Actualmente, trabaja en el estudio Turbaux, Fuchs & Zorraquin Abogados, situado en el coqueto barrio asunceno de San Cristóbal, y se desempeña como vicepresidente de la inmobiliaria Monte Alpino, vinculada a su familia.

REALPOLITIK agrega que Boción intentó acceder a la carpeta fiscal de la causa en agosto, sin éxito, y recuerda que es hijo de Roger François Michel Boción, empresario ganadero e inmobiliario de ciudadanía suiza, quien cumplió prisión domiciliaria en Asunción en el pasado.

El fiscal interino Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad Fiscal número 5 de Lambaré, requirió como testigos a Roger François Michel Boción y Josefina Samudio, solicitando la prórroga del plazo de investigación hasta el 29 de agosto de 2026, mencionando diligencias pendientes, incluidas pericias sobre grabaciones donde Arámbulo detallaría el modus operandi del hurto y mencionaría a terceras personas.

Ayer, la Jueza que interina la causa por hurto, Gladys Fariña, dispuso adelantar ese plazo al 27 de febrero.

En el plano internacional, el analista geopolítico Omar Bula Escobar, exdirector de la ONU, calificó el caso como una “perversión judicial” y denunció el favoritismo hacia Arámbulo, así como la gravedad institucional de la mordaza impuesta contra Morás y su abogada.

En la misma línea, el periodista mexicano Rubén Luengas difundió un comunicado de fuerte condena ética, advirtiendo que cuando la Justicia se utiliza para silenciar a la víctima y proteger al poder, lo que se pone en juego no es un expediente aislado sino la dignidad institucional del país, proyectando hacia el exterior una imagen de corrupción estructural.

Finalmente, REALPOLITIK incorporó el testimonio de dos mujeres identificadas como C.G. (39) y F.T. (31), quienes relataron un episodio previo de características similares, en el que desapareció dinero durante una reunión social y se devolvió una parte luego de advertirse la existencia de cámaras, un antecedente que podría abrir nuevas líneas de investigación si se confirma en sede judicial.

Todos los citados gozan del principio de presunción de inocencia.