Imputada: intendenta de Valenzuela admite que los arreglos financiados por los vecinos están hechos para que no duren
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), imputada por presunta mala administración, reconoció que los trabajos de reparación de calles y caminos vecinales en el distrito tienen una duración limitada y deben repetirse cada año, pese a financiarse con recursos públicos provenientes de los impuestos de los vecinos.
Fernández, que gobierna el municipio por tercer periodo consecutivo desde 2010, admitió que los arreglos realizados en caminos rurales “en absoluto duran más de seis u ocho meses” y que, al cumplirse un año, los tramos “sí o sí se tienen que volver a reparar porque ya no da”.
¡Pidan un deseo! Una intendenta admitiendo ineficiencia
— RDN (@RdnPY) January 26, 2026
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, reconoce que los arreglos de caminos se repiten cada año, mientras afronta imputación por lesión de confianza y obras “fantasma”.https://t.co/QukEsFfQWm
Los trabajos, según explicó, se limitan a la carga de ripio en caminos de tierra que se deterioran con las lluvias.
La jefa comunal negó que la municipalidad haya reparado recientemente el camino interno de la compañía Piraretâ, intervenido la semana pasada por los propios vecinos ante el mal estado de la vía.
Confirmó que el último arreglo oficial en la zona se hizo el año pasado y adelantó que un nuevo inicio de obras recién estaría previsto para marzo.
Fernández sostuvo que las reparaciones se realizan con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Gobernación de Cordillera y maquinaria municipal. Afirmó que, en quince años, se ejecutaron 18 kilómetros de empedrados y numerosos tramos de caminos vecinales mediante trabajos conjuntos con los pobladores.
En paralelo, la intendenta enfrenta una imputación presentada en setiembre por la fiscal Betti Brítez por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Según la causa, el perjuicio a la municipalidad rondaría los 300 millones de guaraníes por obras financiadas con Fonacide que presuntamente no se habrían ejecutado.
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